Golpes, torceduras y otros desenlaces en América Latina

por Santiago C. Leiras (*)

 

Estamos frente a dinámicas nuevas y no poseemos las categorías para explicarlos: los conceptos no están y se hace necesario crearlos

 

Nos encontramos finalizando la segunda década del Siglo XXI y el (ya no tan) nuevo siglo nos plantea un desafío a los politólogos en particular y a todos aquellos que se encuentran especialmente perplejos, pensando en términos del filósofo español Daniel Innerarity, frente a desafíos políticos nuevos y estallidos sociales sorpresivos en general, cual es aquel de hallar el lenguaje adecuado para describir nuevas formas de quiebre o reequilibramiento institucional.

Podríamos afirmar con suma certeza que el último golpe de Estado clásico, al estilo de aquellos llevados a cabo durante las décadas de 1960 y 1970, ha sido el de Venezuela a comienzos del mes de abril del año 2002: tras la asunción por el plazo de 48 horas del entonces titular de Fedecamaras, Pedro Carmona, ese intento fallido de golpe terminó con la restitución del presidente Hugo Chávez Frías en el poder.

Sin embargo, a lo largo del presente siglo, no han estado ausentes diferentes episodios de crisis institucional con consecuencias variopintas; así es que podríamos mencionar las rebeliones con base indígena militar en Ecuador en 2000 y 2005, la crisis argentina del 2001/2002, las rebeliones en Bolivia del 2000 y 2003, la fase crítica que vivió Venezuela entre 2001 y 2004, la destitución de Manuel Zelaya en Honduras en 2009, los procesos de juicio político en Paraguay en 2012 y Brasil en 2016, el autogolpe en Venezuela en 2017 y un 2019 con el sello de la crisis en Perú (constitucional), Ecuador y Chile (social), México (estatal) y Bolivia (legitimidad).

Por cierto, se trata de una lista que no necesariamente expresa el conjunto de las crisis presidenciales a lo largo de la tercera oleada de democratización como de todas aquellas posibles dimensiones para su explicación.

En esta oportunidad nos proponemos realizar (con dudoso éxito tal vez) una breve elaboración de una clasificación de los diferentes desenlaces de la crisis institucionales acontecidas durante el año 2019 -con eje en los casos de Bolivia, Ecuador, Chile y Venezuela- sobre la base de dos dimensiones: la primera, el tipo de relación entre las Fuerzas Armadas y el poder político subordinación o insubordinación), la segunda el grado de organización de la protesta social (alto/bajo), comprendiendo la misma diferentes formas de expresión tanto por parte de los ciudadanos no organizados como así también de movimientos sociales con anclaje en el mundo del trabajo (rural, indusrial, informal, etcétera).

La combinación de ambas dimensiones nos permite establecer cuatro escenarios alternativos: 1) Mantenimiento del statu quo como resultado de una alta organización de la protesta social y un agente estatal, fuerzas armadas, subordinado al poder político, 2) equilibrio inestable, con bajo nivel de organización de la protesta social y alto grado de subordinación de las fuerzas armadas al poder político, 3) golpe de Estado/revolución/ rebelión social (“coupvolution”), con alto nivel de organización de la protesta social y bajo nivel de subordinación de las fuerza armada al poder político, y 4) anarquía, combinación de baja organización de la protesta social e insubordinación de la fuerza armada.

El cuadro que presentamos refleja el resultado del cruce entre las variables señaladas y sus posibles escenarios.

 

 

El escenario 1 aparece representado en el caso de Venezuela: la clave para la comprensión de la subordinación de las fuerzas armadas al poder político reside en el hecho de que dicho agente estatal es parte de y es el gobierno, el estado y el régimen político, con la resistencia de la oposición en la asamblea nacional y en la calle a través de manifestaciones numerosas y el liderazgo del presidente de la AN, Juan Guaidó, aunque las mismas han ido perdiendo ímpetu en la medida en que se mantiene el actual orden de cosas. Estamos en presencia de un agente estatal que tiene un rol institucional que va más allá de los límites de la competencia profesional y cuya lealtad se sostiene en las concesiones en materia de negocios “privados” (alimentos, divisas, drogas y otros menesteres) que garantizan la supervivencia del liderazgo civil de Nicolás Maduro.

Ecuador ha vivido la quinta crisis presidencial desde aquella que culminó en 1997 con la destitución, declaración de inhabilidad mediante, del entonces presidente Abdalá Bucaram; Luego siguieron la sublevación militar-indígena que llevó a la renuncia de Jamil Mahuad en el 2000, la renuncia de Lucio Gutiérrez en 2005 en medio de una reedición de la rebelión militar-indígena, la rebelión policial del 2010 que llevó a un muy confuso desenlace con el rescate de Rafael Correa por parte de las Fuerzas Armadas del hospital policial en el que se encontraba “retenido”, y la rebelión indígena en el 2019 con origen en un incremento en las tarifas de combustibles que obligaron al presidente Lenin Moreno a dar marcha atrás con la iniciativa.

Un escenario de equilibrio inestable (2) parece tener lugar en Chile. El país vecino representa el “cisne negro” (ma non troppo) de las rebeliones: una sociedad estable y previsible, paradigma de la modernización “neoliberal” en la región, se vio sacudida en las últimas semanas por una rebelión social originada en un proceso de crecimiento sostenido de su economía y un cúmulo de expectativas insatisfechas asociadas a dicho proceso de crecimiento.

La expresión más evidente de la frustración tuvo lugar en primera instancia a través de un creciente grado apatía electoral. Bastaron una decisión polémica como el aumento del precio de un muy moderno y oneroso servicio de subte de Santiago de Chile y una estrategia comunicacional y política alrededor de la controversial medida que reforzara la irritación social para que de la apatía electoral se pasara a la adopción de comportamientos de carácter anómico.

La conjunción de un líder con su autoridad política debilitada, una protesta social sin liderazgos definidos y un agente estatal encargado del control de la calle y con serias dificultades para garantizar el control territorial definen este contexto de equilibrio inestable.

El proceso que culminó con la destitución de Evo Morales es muy emblemático del tercer escenario: aquí nos encontramos frente a una situación híbrida; por un lado, una protesta social extendida a lo largo de todo el país, por otro un agente estatal encargado del control territorial (fuerzas armadas y de seguridad)  que se niega a llevar a cabo la tarea represiva de las protestas ciudadanas y que además  lleva a cabo un emplazamiento al presidente Evo Morales a través de una “sugerencia” de renunciar a su cargo como presidente de la república.

Es probable que Morales no haya perdido hasta el último momento del desenlace la esperanza de contar con algún sector de las fuerzas armadas que le permitiera la represión de los oficiales sublevados (recordemos que los sublevados en este caso son aquellos que se han negado a cumplir con una directiva del poder político de reprimir una protesta social extendida) o en su defecto una restitución en el poder como aquella que tuvo Chávez en 2002, si bien en aquella oportunidad se trató de un rescate en Fuerte Tiuna, donde el entonces presidente de Venezuela se encontraba detenido.

En esta oportunidad no hubo un General Baduel que llevara adelante ese operativo de rescate de la figura presidencial ni sectores de las FF.AA. que manifestaran su apoyo a Morales.

No estaríamos entonces frente a un golpe clásico como aquellos clásicos de las décadas de 1960 y 1970 ni a un autogolpe como los de Bordaberry (1973), Fujimori (1992) o Maduro (2017); tampoco a una revolución social como Cuba (1959): el uso del término “coupvolution”, acuñado en una investigación del prestigioso diario The New York Times, refleja la confusa frontera entre un golpe de estado y una revolución/rebelión social.

El escenario 4 (anarquía), no tiene, al menos hasta el momento en que escribimos estas líneas, ningún referente empírico de relevancia.

Para finalizar, y retomando el planteo original, tenemos un gran desafío: crear lenguaje de Siglo XXI para explicar procesos de quiebre institucional de Siglo XXI. Estamos frente a dinámicas nuevas y no poseemos las categorías para explicarlos: los conceptos no están y se hace necesario crearlos. Queda el desafío planteado.

 

(*) Politólogo y Profesor Asociado Regular de la UBA 

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