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Juventud, derechos humanos y control público

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11 octubre de 2019

por Martín Sánchez (*)

Es vital romper con la lógica de tomar a la juventud como un receptor pasivo de servicios públicos para incorporarla a la gestión y canalizando sus contribuciones

Las estadísticas relacionadas a la realidad cotidiana de los jóvenes argentinos nos indican que la mitad de los niños y niñas en la Argentina viven en situaciones de pobreza; que uno de cada cinco jóvenes no consigue empleo (representando más del 50% de los desocupados), situando al país con una de las tasas de desempleo juvenil más altas de Latinoamérica.

También hay estudios que determinan que de los jóvenes que tienen empleo, más de la mitad lo hace en condiciones precarizadas, es decir, que cobra menos del salario mínimo, no tiene obra social, aportes jubilatorios ni vacaciones pagas. Que hay más de un millón de jóvenes que ni estudian ni trabajan y que de los que estudian solo el 60% termina en tiempo y forma el secundario.

Además, la tasa de embarazos adolescentes no deseados viene en constante crecimiento año tras año, generando que miles de adolescentes tengan que abandonar la secundaria por la maternidad, aumentando el riesgo de exposición a un aborto inseguro o limitaciones de acceso al mercado laboral. Y es en estas estadísticas y muchas otras, donde vemos reflejada la exclusión social a la que están sometidos muchos jóvenes en la Argentina del Siglo XXI. Y es en la imposibilidad del acceso al ejercicio de ciertos derechos humanos básicos tales como a la alimentación, a la educación, al trabajo digno o a la salud, la causa de no poder desarrollarse plena y libremente.

Es el Estado el principal actor, como eje ordenador de la sociedad, el que tiene que revertir esa realidad de exclusión por parte del mercado y de la sociedad, aplicando programas y políticas públicas para reducir la pobreza y la desigualdad socioeconómica, garantizando el acceso a los derechos humanos básicos, mejorando la calidad de vida de sus ciudadanos, integrándolos y transformando sus realidades.

Pero esa transformación es imposible sin un control adecuado sobre cómo se implementan los programas y políticas públicas, a fin de garantizar que sean eficientes y eficaces y que cumplan con los objetivos para los que se aplican.

Muchas veces vemos en los programas que aplica el Estado destinados a la juventud, que los procesos de toma de decisiones son poco claros y no participativos, que no se involucra a los destinatarios en la preparación, ejecución y evaluación de los mismos. Por ello, es vital romper con la lógica de tomar a la juventud como un receptor pasivo de servicios públicos para empezar a incorporar a los jóvenes como actores en la gestión, canalizando las contribuciones que puedan ofrecer, ya que es esencial para el pleno ejercicio de políticas eficaces.

Y es en este sentido que el control público cumple un rol fundamental, porque los hallazgos y recomendaciones de los informes de los organismos de control externo son retroalimentadores del proceso, sirviendo para que dichos programas tiendan a funcionar mejor, para que el Estado rectifique medidas y que sus acciones sean más transparentes a los fines de evitar la mala asignación de recursos y la corrupción, que es uno de los principales riesgos, porque tiene consecuencias devastadoras en la calidad y accesibilidad de los bienes y servicios vinculados a los derechos humanos juveniles, además de socavar el funcionamiento y la legitimidad de las instituciones.

Uno de los grandes desafíos generacionales es el de crear consciencia sobre la transparencia con que las políticas públicas deben decidirse y ejecutarse, como un valor deseado socialmente a fin de garantizar el respeto y el acceso a nuestros derechos humanos más elementales; aprovechando la democratización de las TIC que facilitan el acceso a la información estatal y a la rendición de cuentas de una manera más ágil y más simple como lo requiere la sociedad del Siglo XXI.

(*) Abogado, Asesor en la Auditoría General de la Nación y expresidente de la Juventud Radical de la Ciudad de Buenos Aires

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