Un proyecto de país

por Natalia Aquilino (*) 

 

En Argentina, la capacidad de los gobiernos para plasmar sus promesas de campaña en objetivos de desarrollo y faciliten la rendición de cuentas, es débil

 

Una campaña electoral puede construirse con información o con desinformación. Puede resaltar aspectos positivos o negativos de los candidatos o puede contraponer propuestas, ideas, valores y prioridades de políticas. Construir una campaña con información y propuestas sobre prioridades de políticas concretas es relevante en un contexto recesivo y con enormes desafíos en materia de equidad, inclusión y estabilidad macroeconómica.

Un gobierno puede construirse con datos o sin datos. El gobierno que asuma en 2019 tiene la responsabilidad de transformar las propuestas de campaña en un plan concreto, que operacionalice las prioridades de políticas en objetivos de desarrollo y ponga en negro sobre blanco la estrategia que guiará las acciones de los actores gubernamentales. Tiene la responsabilidad de informar cuál es el plan.

En la Argentina, luego de 35 años de competencia democrática, la capacidad de los gobiernos electos para plasmar sus promesas de campaña en objetivos de desarrollo, que definan estratégicamente la gestión y faciliten la rendición de cuentas a la ciudadanía todavía es débil. Los votantes esperan ver plasmadas las promesas de campaña en acciones concretas de gestión, pero solo pueden juzgar si son adecuadas y efectivas cuando las metas establecidas son claras y hay información abierta con respecto a su cumplimiento.

Parte de este problema se explica porque los sistemas de planificación, monitoreo y evaluación de políticas públicas en el Estado nacional están poco institucionalizados. La Argentina es uno de los pocos países de América Latina y el Caribe (junto con Granada, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía y Surinam) que no cuenta con un órgano rector en materia de planificación del desarrollo.

La planificación en el Estado nacional está fragmentada en distintos niveles que no se articulan dentro de un sistema institucionalizado que les otorgue integralidad y que los vincule con una visión de país de largo plazo acordada y consensuada con diversos actores políticos y sociales. Todo esto debilita el carácter estratégico de la planificación.

Fortalecer la gestión estratégica y los mecanismos para establecer y medir los resultados de las acciones de gobierno requiere dotar a la gestión pública nacional de un plan de gobierno.

Un plan de gobierno mejora el foco estratégico de la gestión, contribuye a crear mecanismos de coordinación, a priorizar y asignar recursos públicos, a medir resultados y a dar explicaciones sobre logros y desafíos.

Desde CIPPEC proponemos que el gobierno que asuma el 10 de diciembre adopte un plan de gobierno. Esto demanda la creación de una unidad de gestión estratégica del Plan en la Jefatura de Gabinete de Ministros. Implica la definición de objetivos y metas cuantificables durante los primeros 100 días de gobierno. Involucra la presentación de un plan el 1 de marzo de 2020 durante la Asamblea Legislativa. Necesita de la elaboración y aprobación de un presupuesto alineado a estos objetivos en septiembre de 2020. Exige la rendición de cuentas permanente durante los informes mensuales del Jefe de Gabinete al Congreso con base en la información estratégica provista por la unidad de gestión estratégica.

El plan de gobierno es un instrumento central para comenzar a discutir una perspectiva estratégica del desarrollo nacional. Debatir ampliamente un proyecto de país articulado en el largo plazo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, vinculado con planes sectoriales, territoriales y federales, discutido de manera amplia con actores políticos y sociales en el marco de un espacio institucional de concertación social con mirada de futuro y

 

(*) Directora del programa de Monitoreo y Evaluación de CIPPEC

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