Desde adentro

por Tomás Múgica 

El Parlamento Europeo ha ganado poder de decisión y por ese motivo su integración es relevante y el interrogante es el peso que tendrán luego de las próximas elecciones los partidos populistas y xenófobos

Entre el 23 y el 26 de mayo se elige el Parlamento Europeo. Las elecciones se celebran cada cinco años y en esta ocasión se eligen 751 eurodiputados (incluyen a los representantes del Reino Unido, a pesar del Brexit en marcha) mediante voto directo y utilizando sistemas de representación proporcional. Los comicios se realizan a nivel nacional y cada Estado miembro cuenta con una representación proporcional a su población –aunque con un sesgo en favor de los más pequeños– desde los 96 representantes de Alemania a los 6 de Malta o Luxemburgo.

El Parlamento ha ido ganando poder de decisión: elige al Presidente de la Comisión Europea –el órgano ejecutivo de la Unión Europea–; aprueba el presupuesto de la Unión –en un proceso conjunto con el Consejo Europeo, conformado por los jefes de estado y de gobierno de los países miembros– y supervisa su ejecución; es el encargado de ratificar las decisiones de la Comisión; y participa en la sanción de legislación obligatoria para el conjunto de los miembros de la Unión.

Las bancadas se conforman por familias políticas. Desde su creación, el Parlamento ha estado dominado por dos fuerzas: el Partido Popular Europeo (EPP), que reúne a los partidos de centroderecha, varios de ellos de inspiración demócrata-cristiana, entre los que sobresalen la CDU-CSU alemana, Les Republicains (ex UMP, gaullista) francés y el Partido Popular español; y la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo, que constituye la expresión de los partidos socialdemócratas, como el PSOE, el PS francés y la SPD alemana. Otros grupos de peso son la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa –liberales– la tercera fuerza de la Cámara, que incluye partidos como La Republique En Marche del presidente francés Emmanuel Macron y el español Ciudadanos; los Verdes, cuya fuerza principal está en el Partido Verde alemán. Aunque difieren en sus orientaciones económicas y sociales, todos ellos tienen en común su adhesión al proyecto europeo, es decir apuestan a la continuidad de la UE y a un proceso de integración cada vez más profundo.

Las elecciones al Parlamento suelen generar poco entusiasmo, un ritual más en el funcionamiento de un proceso de integración dominado por la lejana burocracia de Bruselas. En la mayoría de los países el voto no es obligatorio y las cifras de participación son bajas (42,6% fue el promedio general en 2014). Este año, sin embargo, la expectativa es mayor que en otras ocasiones. Es que estas elecciones ponen en discusión –a escala continental– el proyecto europeo en su versión actual, entendido como una marcha hacia una “unión siempre más estrecha” (an ever closer unión, tal como se afirma en diversos documentos fundacionales de la UE). El debate amplifica un conjunto de procesos políticos –conectados entre sí– que están teniendo lugar en la mayor parte de los países miembros de la UE. La marca distintiva de esos procesos es el ascenso de fuerzas nacionalistas, euroescépticas y antiglobalistas.

En el actual Parlamento Europeo, esta visión está representada por los grupos Europa de las Naciones y de las Libertades (ENF), que reúne a la Lega Nord de Matteo Salvini, al RN de Marine Le Pen y el Partido de la Libertad holandés, encabezado por Geert Wilders, entre otros; y Europa de la Libertad y la Democracia Directa (EFDD), que incluye al Movimento 5 Stelle de Italia y Alternativa por Alemania (AfD). Aunque fuera de estos agrupamientos, otros partidos como el Brexit Party de Nigel Farage; Fidesz, del Primer Ministro húngaro Viktor Orban (en el EPP, aunque suspendido); y el polaco Ley y Justicia, liderado por Jaroslaw Kaczynski (Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos) expresan una perspectiva similar del proceso de integración.

Más allá de importantes desacuerdos –en materia económica, entre visiones proteccionistas y liberales pero también en cuestiones geopolíticas, como la relación con Rusia– el discurso de estas fuerzas tienen elementos comunes: identidad y soberanía son dos términos centrales. De manera general, los grupos euroescépticos demandan: a) políticas inmigratorias más duras frente a lo que consideran una inmigración descontrolada, que amenaza la capacidad de sus países para proveer empleos y servicios públicos, pero por sobre todo constituye un peligro para la identidad cultural de Europa. Ese es el caso, especialmente, de la inmigración proveniente de países de mayoría musulmana; b) devolución de poderes a los Estados miembros, en detrimento de la Comisión Europea; c) varios de ellos, además, se oponen a la moneda única y procuran recuperar la moneda nacional de su país. Entienden que la UE, tal como hoy funciona, amenaza la identidad y la prosperidad de los pueblos europeos. Cuestionan un proceso de integración que consideran lejano, burocrático y elitista, una especie de dictadura de Bruselas, el instrumento de una globalización apátrida e insensible.

El discurso euroescéptico tiene una importante repercusión electoral, alimentada por las desigualdades económicas y el flujo de inmigrantes (que sin embargo ha decrecido sensiblemente). Las encuestas prevén que los partidos críticos de la UE –que, bajo el liderazgo de Salvini, buscan confluir en un nuevo grupo en la Eurocámara– podrían ocupar aproximadamente un cuarto de los escaños. Aun cuando su apoyo no resulte necesario para elegir al próximo Presidente de la Comisión, ello les daría una voz potente para plantear su agenda. Para empezar a deconstruir el proyecto europeo desde adentro.

A pesar del avance radical, es muy probable que las fuerzas europeístas alcancen la mayoría; también que populares y socialistas –que perderán un número significativo de bancas, aunque rondarán el 40%-45% de la Cámara– sean incapaces de constituir esa mayoría por sí mismos y necesiten por tanto negociar con liberales y verdes. Pero aunque los partidos prointegración conserven el control del Parlamento, el extendido malestar en relación a la UE continuará. Si bien el proceso de integración mantiene un apoyo mayoritario (el 68% de los europeos creen que ha sido positivo para su país, según cifras del Eurobarómetro), también es grande la disconformidad con su funcionamiento actual: el 50% cree que las cosas no marchan bien en la UE y en sus países. Más aún, crece el pesimismo acerca de su futuro: de acuerdo a un estudio del European Council on Foreign Relations, un 58% de los franceses, un 57% de los italianos y un 50% de los alema
nes creen que la UE podría desintegrarse en los próximos 10-20 años. Frente a este panorama, el desafío de los defensores del proyecto europeo es diverso: avanzar en el proceso de democratización de la UE, acercando las decisiones a los ciudadanos; contribuir a fortalecer una identidad europea que aún es tenue; hacer llegar los beneficios de la prosperidad a muchos europeos que ven a Bruselas como el brazo ejecutor de políticas económicas insensibles; y dar una respuesta humanitaria y sustentable a la cuestión de la inmigración.

El fortalecimiento de las instituciones financieras comunes, para sostener la zona euro, la creación de un ejército europeo y la fijación de medidas comunes para reducir el uso de combustibles fósiles son algunas de las líneas de acción que los defensores de la integración plantean de cara al futuro. Hasta el momento, sin embargo, no logran fortalecer la legitimidad de un proyecto que necesita renovarse. La salida a la crisis de la UE –un proyecto lleno de logros notables– no está en el retorno a las naciones, pero tampoco en la continuidad del gobierno de tecnócratas y banqueros.

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