Dinero y política: entre lo que merecemos y lo que necesitamos

por Carolina Tchintian (*) 

La nueva Ley de Financiamiento Político no es la que merecemos, pero sí la que necesitamos porque marca un camino para seguir construyendo a partir de 2020

La relación entre dinero y política es siempre compleja. Cada país ha buscado un sistema que permita estructurar la relación de una manera saludable con un grado de éxito variable. En Argentina muchas elecciones han sido seguidas por casos, algunos más escandalosos que otros, que dan cuenta de lo problemático que puede ser el sistema de financiamiento de la política. Si cada caso fuera una oportunidad de aprendizaje y mejora, la Argentina merecería tener hoy un marco regulatorio ejemplar. Pero sólo este año, a diez años de la Ley de Financiamiento de 2009, se logró avanzar con una reforma que intenta brindar mayor transparencia al sistema. Probablemente no sea el marco regulatorio que la Argentina merece, pero es el que necesita hoy como puntapié para continuar con el debate después de 2019.

El régimen de financiamiento vigente en nuestro país hasta la reforma de este año tenía en la utilización del dinero en efectivo una gran debilidad en materia de transparencia. Además, el sistema tal como funcionaba no daba certezas sobre quiénes financiaban las campañas, creando un obstáculo clave para controlar el cumplimiento de la ley. Cualquier proyecto de reforma necesitaba abordar y resolver estas dos cuestiones y elevar la base sobre la cual seguir discutiendo mejoras en el futuro.

Prohibir el efectivo era esencial para comenzar a atacar la informalidad del financiamiento de la política y las dificultades asociadas a este fenómeno. El efectivo genera opacidad, impide que los votantes conozcan quién financia a los distintos candidatos. También quita certeza a los aportantes, porque no se puede garantizar que los fondos recaudados se destinen a la campaña, o de qué manera se usan. Si bien prohibir el efectivo no es suficiente para garantizar la trazabilidad de los fondos, ya que los depósitos bancarios aún están permitidos en la ley, es un paso importante en esta dirección.

Poner sobre la mesa la discusión sobre el financiamiento de personas jurídicas a las campañas era también una necesidad. Las agrupaciones políticas no declaran todos sus aportes, porque el efectivo lo facilitaba y porque en algunos casos provenían de fuentes no habilitadas, entre ellas las personas jurídicas, que desde 2009 tenían prohibido realizar aportes a las campañas. La participación de los intereses privados en las sombras crea el riesgo de captura de la política pública. La negociación entre las diferentes fuerzas políticas llevó a la habilitación de las sociedades financieras, comerciales, asociaciones civiles, fundaciones y cooperativas a hacer donaciones a las campañas con topes. Queda pendiente una discusión más profunda sobre el caso de las asociaciones sindicales, patronales y profesionales que hoy siguen vedadas para el financiamiento de las campañas.

La nueva ley también busca responsabilizar a los aportantes privados de sus donaciones, obligándolos a declarar sus aportes ante la Justicia Electoral; fija plazos más realistas para las campaña y las extiende a 50 días antes de las PASO y elecciones generales y extiende el periodo de prohibición de realizar anuncios e inauguraciones al oficialismo de 15 a 25 días antes de la elección; provee a la Justicia Electoral de más recursos para controlar a las agrupaciones en sus gastos y despliegues de campañas; incluye reglas para la publicidad electoral en redes y plataformas digitales; y en materia de subsidio público, aumenta el aporte estatal en boletas pero reduce a la mitad los espacios de publicidad audiovisual cedidos a las agrupaciones.

La reforma provee una base más sólida para seguir construyendo a partir de 2020. Entre las tareas pendientes quedan: completar el camino hacia la trazabilidad total de los aportes privados prohibiendo la utilización de depósitos bancarios como medios de donación; problematizar el abuso de recursos públicos por parte de los oficialismos durante las campañas, como la uso de la publicidad oficial; repensar en el esquema de incentivos que ofrece el marco regulatorio y contemplar la posibilidad de responsabilizar a los principales beneficiarios de las campanas para motivar el autocontrol y cumplimiento de la ley; pensar en un esquema de rendición de aportes durante la campaña. A juzgar por los pendientes, la reforma no es la ley que merecemos, pero sí la que necesitamos, porque marca un camino por el cual la discusión debe avanzar.

(*) Directora del Programa de Instituciones Políticas de CIPPEC

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