La lección de 1973: de la enmienda Lanusse al Pacto de Olivos

por Oscar Muiño

Debutaron instituciones que serían aceptadas veinte años después: la segunda vuelta para elegir presidente, el tercer senador para la minoría de cada provincia, el voto directo sin colegios electorales.

 

“Duro, duro, duro / a la segunda vuelta / se la meten / en el c…” Así festejaban las juventudes peronistas en la medianoche del domingo 11 de marzo de 1973. Despedían burlonamente el abortado debut de un instituto desconocido para los argentinos: el balotaje, la doble vuelta.

No les faltaba razón. El gobierno militar había cambiado el régimen electoral. Con la nueva norma para gobernar había que sacar la mitad más uno de los votos. Objetivo noble: mayor legitimidad y fuerza al gobierno electo. Objetivo vergonzante: intentar evitar –o al menos, obstaculizar– la victoria del justicialismo, su regreso al poder luego de dieciocho años.

En realidad su candidato Héctor Cámpora no había llegado al indispensable 50 por ciento. Le faltaban centímetros, menos de medio punto. Técnicamente, se abría el camino a la doble vuelta contra Ricardo Balbín, que apenas había pasado el 21 por ciento.

La diferencia era tan marcada que Balbín rehusó presentarse. ¿Qué posibilidades de gobernar habría con todas las provincias en manos de sus rivales y minoría en las dos Cámaras del Congreso? Sobre todo, Balbín era respetoso de la voluntad popular. Era evidente que el pueblo quería la presidencia de Cámpora.

Francisco Manrique, tercero en discordia con 14%, amagó tomar la posta y desafiar al peronismo, exigiendo el ballotage. Votado por los sectores más antiperonistas, este ex oficial de la Marina de Guerra naufragó antes de zarpar.

Mucho se ha hablado de la inolvidable campaña de 1973, la de “Cámpora al gobierno, Perón al poder” y“ FAP, FAR y Montoneros / son nuestros compañeros”. Pero hay poco análisis sobre las decisiones político-jurídicas de aquel proceso electoral inédito.

Visto hoy, sorprende que un gobierno militar en retirada se haya atrevido a cambiar las reglas de juego en un marco cívico y social completamente hostil.Y , más raro aún, lograrlo con el consenso tácito de las fuerzas civiles.

¿Qué había pasado para que una dictadura que se iba, decidiera una enmienda constitucional –figura no prevista en la Carta Magna– que gobernó todo el proceso hacia las urnas y se extendió al gobierno que lo sucedió, sin quejas ni cambios?

Más aún. Varias de esas iniciativas serían rescatadas veinte años después, en la reforma impulsada por Menem y Alfonsín en 1994, en una Constituyente con participación de la totalidad de las fuerzas civiles.

 

LA REFORMA LANUSSISTA

Enterrado el sueño de la dictadura interminable de Juan Carlos Onganía, despedido su ignoto sucesor Levingston al año de asumir, se hizo cargo el último caudillo militar. El general Alejandro Lanusse había sido y seguía siendo un antiperonista convencido. Golpista fracasado contra Perón en 1951, había pasado cuatro años de cárcel. Reincorporado al Ejército, fue creciendo su prestigio entre los camaradas de armas.

Así, apenas echó a Levingston, el caudillo militar convocó como ministro del Interior a Arturo Mor Roig, un radical balbinista que había presidido la Cámara de Diputados hasta 1966. Esa decisión fue apoyada por el justicialismo –que percibió su reingreso a la elegilibilidad y confiaba en su señorío– pero quebró al balbinismo: Raúl Alfonsín, acaso el discípulo más aventajado, rompió con Balbín y creó su Movimiento de Renovación y Cambio. Sabía que el radicalismo, víctima del golpe en 1966, pasaba a cómplice de una dictadura militar aborrecida. Perdía el lugar ideal (rival del régimen militar) y entregaba al peronismo el espacio opositor. Tenía razón, pero perdió la interna. Diez años más tarde, Alfonsín ganará la interna y podrá convertir su campaña presidencial en la más opositora: Alfonsín o milicos.

El 26 de marzo de 1971 Mor Roig asumió el ministerio del Interior. Su misión: preparar la salida política. En abril inventó una Comisión Asesora para el estudio de la Reforma Constitucional. Los notables eran Germán Bidart Campos, Carlos María Bidegain, Natalio Botana, Carlos Fayt, Mario Justo López, Julio Oyhanarte, Roberto Peña, Pablo Ramella, Adolfo Rouzaut, Alberto Spota y Jorge Vanossi. Varios cercanos al radicalismo y al socialismo liberal. Ramella era peronista.

Una curiosidad: salvo en la década infame de los generales Uriburu y Justo, los gobiernos militares en retirada garantizan elecciones transparentes, sin fraude. Ocurrió en 1946, 1958 (aquí con proscripción peronista) y 1973.Y volverá a pasar en 1983.

 

LA CONSTITUCION TOQUETEADA

Por grotesco que parezca, la modificación a la Constitución fue resuelta por la Junta de Comandantes en Jefe “en ejercicio del poder revolucionario en nombre y representación de las Fuerzas Armadas”. En ese marco de manifiesta ilegalidad, el mismo párrafo expresa que el poder militar “se ha propuesto restituir la soberanía al pueblo” (Boletín Oficial, agosto 28 de 1972). Fue nula la resistencia política y social a tamaña irregularidad, la reforma de la Constitución por un Acta de una Junta Militar.

Lanusse –a quien nosotros, jóvenes estudiantes calificábamos como el más horrendo de los déspotas– fue probablemente el más democrático de los dictadores (si se permite la licencia). Convencido de las virtudes de la Constitución, vacilaba entre su convicción sobre la democracia republicana y su tirria con el justicialismo, concentrada contra el líder exilado en Madrid.

Un régimen surgido de un golpe de Estado con el propósito de eternizarse, terminaba con algunas decisiones que promovían una mejora democrática, ensanchando el reconocimiento al valor de la voluntad popular.

Hasta 1973, todos los presidentes habían sido elegidos de modo indirecto: los ciudadanos votaban por electores que se reunían en Colegio Electoral y de ahí salía el nuevo presidente.

Lo principal, la adopción del voto directo, sin intermediaciones. Desparecía el Colegio Electoral, se esfumaba esa opción imaginada por los notables para evitar las demasías populares. El presidente de la Nación, laos gobernadores y los senadores pasaban a ser electos directamente por el cuerpo de ciudadanos.

Ese gobierno de facto en retirada, exhibía cierta anticipación al bajar el mandato presidencial de seis a cuatro años. Lo mismo que decidieron Alfonsín y Menem un cuarto de siglo más tarde. Permitía una única reelección, siguiendo el modelo norteamericano.

En el modo de consagración, se adoptaba la tradición francesa establecida por Charles De Gaulle en la Quinta República y que pervive hasta hoy: mayoría absoluta de sufragios para elegir presidente. Si nadie lo logra, hay una segunda convocatoria entre los dos candidatos más votados.

Ninguna reforma de sistema electoral es neutral. Los militares lanussistas sabían que al peronismo podía costarle llegar a la mitad más uno. Lo misma sabía Menem. Por eso el antiperonismo fijó 50 por ciento más uno (que es la norma en todas las naciones con doble vuelta) mientras el PJ menemista se plantó en el 40-45. Ambos tenían sus motivos: desde 1983, el PJ sólo superó el cincuenta por ciento de los votos en 2011, con la reelección de Cristina (aunque no se computaron los votos nulos ni en blanco). Antes, sólo Yrigoyen, Perón y Alfonsín lograron pasar el 50 por ciento en elecciones limpias y sin proscriptos.

El voto directo impide que los notables se conviertan en oligarquías con posibilidad de torcer la voluntad popular. Esto se vería dramáticamente a partir de los años menemistas, cuando el Colegio Electoral torció la voluntad popular en Tucumán y Corrientes, arrebatándole la gobernación, en ambos casos, al candidato más votado. Lo mismo ocurrió con una senaduría por la Capital. Este último episodio dejó sin banca a Fernando de la Rúa, y produjo tal repulsa popular que sirvió para reforzar el camino del candidato burlado hacia la presidencia de la Nación. Porque modificar el voto popular era jurídicamente legal pero políticamente ilegítimo. En las tres ocasiones, los damnificados fueron candidatos radicales (junto con De La Rúa el correntino Gregorio Goyo Pomar y el tucumano Rubén Turco Chebaia).

Peor aún en el Siglo XXI, cuando se materializaron grotescos cambios de la voluntad de los votantes.V arios de los diputados electos rompieron su contrato electoral y pasaron de su plataforma opositora a las filas oficialistas, en claro fraude al electorado. Un ataque letal al sentido de la representación política. La borocotización es gravísima cuando afecta a un diputado. Imaginemos que podría ocurrir si un Colegio Electoral torciera la voluntad popular con la borocotización de ciertos electores y eligiera espuriamente un presidente de la Nación.

Conclusión: el balotaje lanussista era mejor que el menemista.

El instituto de la elección directa para presidente no fue el único logro. También se modificó en sentido democrático la forma de selección y la duración del mandato de los senadores. Imaginados como vigías del orden, la Constitución alberdiana los hacía durar nueve años, con renovaciones por tercio cada tres años. Para que no quedaran dudas sobre su misión, la elección era indirecta, a través de las legislaturas provinciales. La enmienda Lanusse barrió ese concepto: los senadores pasaron a ser electos por voto popular. Más aún: se los incluyó en el balotajee. Si ninguna lista llegaba a la mitad más uno, las dos primeras dividían un senador para cada uno y el tercero se dirimía por voto ciudadano entre las dos listas más votadas. Igual que para elegir presidente. Su mandato se rebaja drásticamente a cuatro años, plazo tras el cual la renovación es total, igual que en la Cámara de Diputados.

La elección directa de senadores nacionales y la incorporación de un tercer senador por la minoría fue consagrada por la reforma de 1994. La duración de los mandatos se fijó en seis años, con renovación parcial.

También se exigió mayoría propia para los gobernadores. El peronismo y sus aliados vencieron en todos los distritos con excepción de Neuquén, donde el Movimiento Popular Neuquino demostró ser –como hoy, 2019– la fuerza provincial con mayor fidelidad de voto. Fue derrotado el peronismo porteño en la elección de senadores, lo que marcó el comienzo de la carreta del muy joven y desconocido Fernando De la Rúa.

 

¿VOTAR CADA CUATRO AÑOS?

No todo estuvo bien. La reforma de 1972 caía en voluntarismos que aún perduran. Ya entonces se decía –como repiten hoy algunas voces– que la elección de medio término estorbaba la gobernabilidad. Los militares la eliminaron de un plumazo: los diputados y senadores se elegían por cuatro años y no había comicios intermedios. Cuatro años sin ir a las urnas.

Como se sabe, esa media no aumentó un ápice la estabilidad presidencial. Cámpora, Lastiri, Perón, Isabel, Luder y otra vez Isabel dirigieron mandatos brevísimos en tiempos revueltos. El reencuentro justicialista con el poder no llegó a cumplir tres años cuando fue derrocado y sustituido por la sangrienta dictadura de Videla.

Los defensores de eliminar el comicio intermedio comparten dos andariveles: invocan la gobernabilidad y disfrazan la antigua y nunca archivada desconfianza hacia la soberanía popular. Como resultaría inaceptable restringir la democracia, eligen la vía oblicua. Cuestionan al electorado: el país no sabe votar, es indispensable una población instruida, no se puede competir con tantas personas que dependen del Estado, no hay condiciones de educación cívica. Los argumentos siguen.

En los años setenta algunos osaron promover el voto calificado. Naturalmente, fracasaron.

Hoy, quieren eliminar el voto obligatorio. Roque Sáenz Peña e Hipólito Yrigoyen coincidieron en la necesaria obligatoriedad del voto, considerado por algunos teóricos como “un derecho-deber”. Es decir, la ciudadanía da derechos pero exige conductas activas. Como participar en la selección de gobernantes.

Desde el lejano 1912 la ley resguarda la efectiva aplicación del derecho a votar. Se sabía que muchos patrones, jueces de paz, alcaldes y hasta gobernadores presionarían a quienes dependían de ellos para sus sustento. Y que podrían retener a sus dependientes y clientes para evitar su llegada al cuarto oscuro. En algunas provincias azucareras, los peones eran reunidos en grandes galpones y recibían la papeleta conservadora. La leyenda asegura que muchos escondían sus preferencias yrigoyenistas en los pliegues más inaccesibles de sus cuerpos…

Con su temprana aceptación del voto universal, la Argentina estuvo en el lote de vanguardia. Fue de los primeros países en incorporarse a los que elegían libremente a sus mandatarios. Tan libremente que una banda de curiosos demócratas instauró la frase “fraude patriótico, donde se vota mala para que se gobierne bien”.

La incorporación de la mujer a la plena ciudadanía y la baja de la edad admitida para votar marcan la tendencia progresista: ensanchar al máximo el cuerpo de votantes. El voto de los residentes extranjeros para autoridades locales complementa esa mirada amplia.

Los argumentos restrictivos –aún los mejor intencionados– producen un efecto indisimulable. Libera a los gobernantes de la vigilante presencia de las masas.

El voto –secundado por la opinión pública, los debates, las marchas y movilizaciones, el espíritu y el clima de la calle– limita a los gobernantes.

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