por Marcelo Corti (*)
Casi el 90% de la población vive en ciudades, y sin embargo, su problemática no forma parte de la agenda política como debería
Empecemos por las buenas noticias: las ciudades argentinas tienen porcentajes relativamente bajos ?al menos para los estándares latinoamericanos? de vivienda precaria. Esta es un síntoma pero también una componente clave de la pobreza estructural y podría ser resuelta en menos de una generación con políticas adecuadas. Por otro lado, y aunque la tilinguería local y el negocio de transformar suelo urbano en rural han introducido como deseable la idea del “country” y los barrios privados, nuestras ciudades mantienen un modelo abierto, que permite la mezcla social y la vida pública; las áreas centrales no sufren un nivel de abandono y degradación que las haga inhabitables para la clase media. Y aun en un contexto de crispación política y desmérito del otro, implícito en el concepto autoritario de “grieta”, ha habido intentos loables de planificación con continuidad (como el Plan Estratégico Territorial del gobierno finalizado en 2015 o la Política Nacional Urbana del actual) e incluso una notable unanimidad legislativa al aprobarse la reciente ley de regularización de barrios populares.
Pero algunos problemas son muy serios y requieren soluciones audaces, si no se quiere perpetuar situaciones de vulnerabilidad que afectan directa o indirectamente a casi el 90% de la población argentina, aquella que reside en ciudades. Un problema de base es que, a pesar de ese dato demográfico, ni la cuestión urbana como un todo ni las cuestiones segmentadas que convergen en ella (vivienda, movilidad, etcétera) son parte de la agenda política nacional. Para gran parte de la dirigencia el territorio es una abstracción, es apenas ese lugar donde actúan los punteros. En esa falla conceptual se diluyen otros problemas estructurales: la ausencia de políticas de gestión de suelo urbano; el consiguiente crecimiento disperso que encarece o imposibilita la provisión de infraestructuras, equipamientos y servicios; los problemas ambientales derivados de la matriz extractivista de la base económica (más directos que los que resultan del cambio climático o el agujero de ozono, cuyas causas no son locales); la escasa o nula capacidad de esa base económica para generar empleo de calidad.
El programa Argentina Urbana distingue cinco rangos de aglomeraciones urbanas argentinas:
-La región metropolitana de Buenos Aires, nodo internacional con 13 millones de habitantes.
-4 grandes nodos nacionales: las conurbaciones de Córdoba, Rosario, Mendoza y Tucumán, con poblaciones que rondan por arriba o debajo del millón de habitantes.
-18 nodos regionales: capitales de provincia o ciudades cabeceras de áreas productivas o de servicios, con poblaciones de entre 100 mil y 600 mil habitantes.
-82 nodos subregionales, ciudades intermedias con un promedio de 50 mil habitantes.
-757 nodos microrregionales distribuidos a su vez en 3 rangos de respectivamente, 3.000, 10.000 y 15.000 habitantes de población promedio.
Cada uno de estos nodos ofrece distintos tipos de servicios (educación en sus distintos niveles, salud en sus distintas complejidades, administración, justicia, cultura y recreación, aeropuertos, etcétera) a su región, que trasciende Argentina en las principales ciudades y puede referirse a una provincia o región o microrregión productiva en los otros casos. La casi totalidad de los rangos urbanos más grandes y muchos de los más pequeños involucran aglomeraciones metropolitanas de varios municipios, incluso de distintas jurisdicciones provinciales (Resistencia-Corrientes, Cipoletti-Neuquén, por ejemplo) o internacionales (Iguazú-Foz-Ciudad del Este, Posadas-Encarnación). En esos casos, a las dificultades propias de la administración municipal se suma la fragmentación, que puede resolverse con acuerdos entre municipios (siempre difíciles o complejos) o con la intervención de un nivel superior (provincia o Nación) que asuma su rol en la gobernabilidad urbana. Este es otro de los imperativos de una política urbana argentina, y también aquí hay algunos primeros avances, como el programa DAMI, también “transversal” a los gobiernos pre y post-2015.
En general, el modelo de desarrollo de la ciudad argentina es el de una expansión incontrolada sobre la periferia. La mancha urbana crece por encima del crecimiento demográfico; muchas ciudades han duplicado su extensión en 20 años mientras que su población solo creció 40% o 50%. El resultado de esto es una enorme dificultad para financiar la provisión de infraestructuras y servicios esenciales: cloacas, gas, pavimento, transporte público. Por esta y otras causas, el financiamiento es otro de los problemas“madre” de las ciudades argentinas, que sin embargo generan grandes valorizaciones especulativas para los propietarios privados de predios subutilizados (baldíos) o, por el contrario, explotados al máximo en grandes operaciones de renovación urbana facilitadas por la normativa urbanística? o su excepción.
Con aciertos y errores, algunas ciudades han comenzado a desarrollar instrumentos públicos de regulación urbana; es el caso de Trenque Lauquen o San Justo (Santa Fe) entre las ciudades intermedias, o Rosario con la implementación de convenios urbanísticos. Profundizar ese camino es la única forma de construir un futuro urbano adecuado en Argentina. Cualquier otro aspecto de la vida económica puede ser objeto de discusiones entre la intervención estatal o el libre mercado, pero no hay ningún caso en el mundo en que una ciudad sea sostenible sin una gestión pública activa del desarrollo urbano (que puede convivir con un sector privado próspero y con la llamada producción social del hábitat).
(*) Arquitecto y urbanista, director de la editorial y revista Café de las ciudades. Dirige la Maestría en Urbanismo de la FAUD-UNC e integra la red de consultores La Ciudad Posible y el Estudio Estrategias
