por Mariano D' Arrigo
La situación económica contiene todos los elementos necesarios para incrementar la conflictividad social, pero hay más calma de la que podría suponerse. ¿Por qué?
La bomba tiene todos los elementos: recesión, ajuste en coautoría con el FMI, caída de la imagen presidencial y del Gobierno, grupos de interés con probada capacidad de movilización y de veto; y sin embargo no estalla. La relativa tranquilidad de la calle, al menos para los estándares argentinos, sorprendió hasta al propio Fondo, que reconoció que “la oposición social al programa ha sido más moderada de lo que podría haberse esperado”.
Las causas son diversas: fragmentación social, corporativismo, falta de canales de movilización, los cálculos de los individuos y las dirigencias. Pero además, el Gobierno también juega. Aún con menos recursos materiales y políticos, y con el lápiz rojo del Fondo sobre su cabeza, el gobierno administra dosis de poder remunerativo, persuasivo y coercitivo. Usa las herramientas que tiene la política desde el comienzo de los tiempos: la zanahoria, la palabra, y también el palo (de hecho o como amenaza), cuando no alcanzan las otras dos.
Más allá de su crítica al engorde del gasto en el ciclo político anterior, el Gobierno aprovecha la red de seguridad social que tejió el kirchnerismo. Es cierto: programas de asistencia, AUH, pensiones y jubilaciones fueron carcomidos por la inflación, pero así y todo son el rocío que evita que se seque del todo la pradera y que alguna chispa la incendie, como sucedió en diciembre de 2001.
No sólo eso: el Gobierno también emplea su artillería en el terreno discursivo: el fantasma de otro diciembre caótico, combinado con la maldición de los gobiernos no peronistas, planteó un serio dilema a dirigentes sociales, gremiales y políticos: resignarse al ajuste o ser acusado de miembro del club del helicóptero. Para el doctor en antropología Alejandro Grimson esto representó “un gran chantaje mediático y político por parte del Gobierno, que decía a fines de año que cualquier protesta que aconteciera en diciembre iba a estar asociada a procesos de desestabilización; frente a eso una gran parte de las dirigencias tomaron la decisión de evitar una protesta masiva y después en enero empezaron algunas protestas más aisladas”.
Efectivamente, según el monitoreo de Diagnóstico Político en el último trimestre de 2018 se realizaron en todo el país menos piquetes con respecto al año anterior: 1.403 contra 1.523. Aunque en 2018 hubo 12% más de cortes de vías públicas que en 2017, los 5.857 bloqueos del año pasado están lejos de los 6.805 de 2014, los 6.323 de 2015 y los 6.491 de 2016. La concentración geográfica amplifica el impacto social y político de las protestas: el 40% del total de los cortes se produjo en la provincia de Buenos Aires y Capital, y con 1.076 piquetes la CABA registró su récord en la última década.
En este sentido, la doctora en ciencias sociales Ana Natalucci, directora del Grupo de Estudios sobre Participación y Movilización Política (GEPyMPol), dependiente del Instituto Gino Germani, sostiene que en realidad “el nivel de movilización es alto”; el problema está del otro lado del escritorio. “ El gobierno no tiene ninguna instancia ni funcionario que hable con los sectores movilizados para tratar de resolver el conflicto: la única respuesta del gobierno a la movilización es reprimir”, asegura.
Con la integración de los movimientos sociales al dispositivo estatal de ayuda social -y los grandes riesgos que plantea un eventual estallido- las organizaciones tienen más incentivos para actuar como bomberos que como piromaníacos. Esto se constata en el territorio. “Con los comedores, las organizaciones están conteniendo el conflicto, funcionan como contención social”, resalta Natalucci.
Por su lado, en el mundo del trabajo formal se desarrollan protestas, pero para observarlas hay que acercar el zoom. “La conflictividad no aparece tanto a nivel nacional ?analiza la socióloga María Belén Morris, también integrante del GEPyMPol? pero sí más desagregada, en lugares de trabajo o en determinados territorios o sectores de actividad”. Es una agenda tallada por la crisis: salarios, despidos, suspensiones, adelantamientos de vacaciones; el destinatario del reclamo es el actor empresario, y no el gobierno.
¿Y dónde está la CGT? De acuerdo a Morris, la central obrera carga con dos grandes debilidades. Una es institucional: no tiene instrumentos formales para obligar a sus miembros a actuar de una forma determinada y ordenar la heterogeneidad política interna; la otra es estructural: la informalización creciente de la fuerza de trabajo reduce su universo de representación.
Otro factor presiona el freno de mano de la CGT: la actual conducción, encarnada en el binomio Daer-Acuña, representa a los sectores del gremialismo más corporativos, conciliadores y reticentes a sumar al rompecabezas a las otras piezas del astillado mundo del trabajo.
En el caso de los heterogéneos sectores medios, se suman otros elementos que contribuyen a su relativa pasividad, como la satisfacción de demandas no materiales (como la seguidilla de iniciativas oficiales vinculadas a inseguridad y corrupción) o el mero cálculo de costo-beneficio. “En ciertos casos podría haber compensaciones simbólicas o imaginarias a pesar del deterioro de su situación económica, mientras que en otros casos no ven cuál es la viabilidad de hacer una protesta o hacer una demanda”, considera Grimson.
A pesar de la bronca con respecto a la suba de tarifas, paradójicamente la polarización política y la inminencia del proceso electoral parecen actuar en ciertos segmentos como inhibidores de la movilización. En efecto, Grimson advierte que “hay un juego complejo, un sector relevante dice 'no quiero votar a este gobierno pero tampoco la quiero votar a Cristina', pero en ese movimiento tiende a reducir sus capacidades imaginativas de protesta”.
Precisamente, los investigadores coinciden en que la cuestión electoral ordenará y apaciguará la conflictividad en la calle durante buena parte del año. Después de un primer semestre que se anticipa tenso por las paritarias, evalúan que en la segunda mitad del año las elecciones actuarán como un embudo que canalizará tanto el malestar que incuba por abajo como las apuestas de los dirigentes.
