Los límites de un ajuste que no es

por Marcos Falcone (*)

El peligro para Cambiemos es que termine expulsando tanto a los que quieren un ajuste a mayor velocidad como a los que no quieren ningún tipo de ajuste

 

Uno de los pocos consensos que existen en Argentina es que no es posible continuar con el nivel de déficit fiscal actual. Para resolver dicho problema, las alternativas son dos: subir los ingresos del Estado o disminuir sus gastos. Aun cuando se debata sobre la extensión que debería tener el ajuste, la postura mayoritaria suele ser la de bajar las erogaciones estatales, habida cuenta de que tanto éstas como la presión impositiva que las sostienen no han parado de crecer desde 2003.

Simultáneamente, “ajuste” es una mala palabra en el vocabulario argentino desde hace décadas. La misma oposición que entiende, y en algunos contextos admite, el problema del déficit, en otros contextos invoca al ajuste como madre de todos los problemas; pero incluso el oficialismo se esfuerza en dar contraargumentos para mostrar que éste no existe o es mínimo, porque el gasto social y la obra pública crecen.

¿De dónde viene la resistencia al ajuste? Paul Pierson, profesor en Berkeley, trató este tema en“ The New Politics of the Welfare State”, una versión de su tesis doctoral publicada en World Politics en 1996. Su tesis es que la política del ajuste es distintiva, en primer lugar, porque involucra objetivos impopulares, lo cual es lógico porque involucran la quita, y no el otorgamiento, de dinero para ciertos grupos.

Lo que un gobierno busca al ajustar no es atribuirse un éxito sino, en el mejor de los casos, evitar la culpa por hacerlo: solo se busca bajar el gasto ante la carencia de alternativas, que en este caso son la (¿hiper?) inflación o el default. Esto configura la segunda parte del argumento de Pierson sobre lo distintivo del ajuste, que es que los contextos para ajustar son siempre desfavorables: además de lo mencionado, debe notarse que el dinero que se busca ahorrar con el ajuste saldría de grupos organizados con altísimos incentivos para resistirlo, mientras que los beneficios del ahorro serían difusos. Piénsese en conflictos como los de Télam: los 350 despidos anunciados en 2018 generaron un grado de visibilización mediática y oposición política desproporcionados en relación al ahorro mínimo que iban a representar para el Estado. Ejemplos así muestran lo difícil que es replegarse, pero también lo fácil que fue expandirse: en su momento, duplicar la planta de la agencia de noticias estatal fue una acción silenciosa y sin obstáculos para el kirchnerismo.

La admisión de que el gasto del Estado debe bajar, por lo tanto, no implica que hacerlo sea fácil. Pero la situación es aún peor si, como se ha visto en los últimos años, la resistencia al ajuste fiscal es feroz incluso cuando dicho ajuste no se produce. Por caso, el ejemplo de los despidos de Télam, vivo en la memoria de todos, palidece frente a las estadísticas que indican que la cantidad de empleados públicos no bajó sino que subió con el nuevo gobierno. Más generalmente, en 2016 el sector público experimentó una expansión –incluso si mínima– del déficit primario y por lo menos hasta 2017 seguía creciendo el déficit financiero, mientras la narrativa de los medios de comunicación y la oposición hacía pensar que se vivía un ajuste radical.

La sobrerreacción a este ajuste imaginario ha sido trágica para el Gobierno, porque las expectativas de los actores los habían llevado precisamente a pensar que iba a intentar ajustar desde el primer momento. Macri es“ gato” a priori, independientemente de lo que haga: toda la oposición, tanto kirchnerista como no kirchnerista, se ha consolidado y se ha vuelto competitiva en torno a un ajuste percibido como suyo pero que él mismo prometió no hacer y no hace. Escenarios que Pierson ve como más factibles para ajustar, como victorias en las elecciones, no fueron aprovechados en 2015 pero tampoco en 2017, y aun no queda claro si las crisis de 2018 tendrán algún efecto sustantivo en la evolución del déficit.

En el mejor de los escenarios para el Gobierno, su pasividad desde 2015 puede provocar que la de 2019 sea otra vez una elección sobre la década kirchnerista en términos retrospectivos. Aunque el sociólogo Ignacio Ramírez haya intentado sostener lo contrario en la última edición de el estadista, es inútil negar que los votantes de Cambiemos provienen de un arco ideológico extraordinariamente amplio y que solo se unen en el rechazo a CFK, quienes perciben que dejó una “pesada herencia” que en todo caso el Gobierno no sabe o no quiere resolver. El voto retrospectivo podría ser visto como igual de fuerte que siempre, solo que con un alcance mayor al típicamente esperado.

Sin embargo, si Macri insiste en demorar la baja del gasto y la narrativa sigue siendo la de un ajuste feroz, mientras los resultados económicos son claramente negativos, entonces corre el riesgo de alienar a desencantados que opten por una tercera opción. El peligro para Cambiemos es que termine expulsando tanto a los que quieren un ajuste de mayor velocidad (los clásicos votantes de Alsogaray, Cavallo, o López Murphy) como a los que no quieren ajustar o le restan importancia (los de Alende, Chacho Alvarez o Lilita Carrió), pues el desencanto en ambos grupos está a la vista. Por lo tanto, sea un ajuste de verdad o su negación, todo parece indicar que en 2019 el Gobierno tendrá que elegir.

(*) UTDT y UBA

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