Notas sobre la violencia en América Latina

por Carolina Sampó (*)

El surgimiento de actores no estatales ha desafiado el monopolio del uso de la fuerza por parte de los gobiernos en la región sin guerras más violenta del mundo

Desde principios de este siglo, América Latina se ha convertido en la región sin guerras más violenta del mundo. Lejos de los conflictos interestatales tradicionales, las fracturas dentro de los estados dan cuenta de dos cuestiones innegables: mientras que el Estado no tiene la capacidad para estar presente en la totalidad de su territorio, el surgimiento de actores no estatales ha desafiado su monopolio, dejando a la sociedad civil presa de esta contienda.

En la actualidad, Latinoamérica concentra el 33% de los homicidios mundiales y sólo alberga al 8% de la población, de acuerdo con el último informe del Instituto Igarapé (2018). No obstante, existe un indicador que suele pasar desapercibido: las desapariciones. Brasil y México son los casos más impactantes. En Brasil, cuyos niveles de violencia se han incrementado estrepitosamente en los últimos dos años, durante 2017 se registraron 82.684 desapariciones (y 63.880 homicidios intencionales). En México, por su parte, el último registro fue de 34.268 personas desaparecidas (y 31.174 homicidios). Sin embargo, todos estos datos dan cuenta de dos fenómenos: la debilidad del Estado y el incremento del poder de actores no estatales, particularmente de las organizaciones criminales, asi como también de la visibilización o no de la violencia.

Las organizaciones criminales – que tienen como objetivo último la generación de beneficios económicos – se valen de los territorios que han logrado conquistar, para llevar adelante sus negocios que suelen estar concentrados en el tráfico de drogas, pero que se diversifican e incluyen el tráfico de armas, la explotación ilegal de recursos naturales, la trata y el tráfico de personas, además del lavado de dinero, entre otras actividades. Esos territorios, en los que ha logrado construir un orden alternativo, son áreas en las que el Estado está ausente. De esa forma, en las favelas de Rio de Janeiro, por ejemplo, son las organizaciones criminales las que proveen los servicios básicos, como agua potable, garrafas de gas o la“ seguridad”, que el Estado debería garantizar.

El problema central es que esos territorios suelen estar en permanente disputa. Sea entre organizaciones criminales – por el control de los mercados y/o rutas ilegales – o entre ellas y el Estado, que intenta recuperar terreno – como puede verse con la intervención militar en Rio de Janeiro actualmente – especialmente cuando el accionar de los grupos delictivos ya no se encuentra contenido espacialmente y se expande más allá de las fronteras de los barrios marginales. Por eso, no es casual que sean Brasil, México y Venezuela (con reparos sobre la veracidad de los datos existentes) los que encabezan los rankings de violencia, ya que son las rutas centrales del tráfico de cocaína.

La población civil es entonces rehén de la situación y está expuesta a altísimos índices de violencia directa e indirecta. A los homicidios y a las desapariciones se les suman las amenazas, las extorsiones y el cobro de“ peajes” por parte de las organizaciones criminales que regentean esas áreas. Es decir que la frontera entre la guerra y la paz se ha desdibujado completamente. No sólo porque muchas veces las victimas de las contiendas entre organizaciones criminales o entre estas y el Estado, no están vinculadas a ninguno de ellos, sino porque han tenido que naturalizar un estado de guerra permanente, teniendo en cuenta los enfrentamientos entre Fuerzas de Seguridad y grupos criminales.

Pero más allá de los casos particulares, el problema central sigue siendo la debilidad de las instituciones y la falta de eficiencia por parte de los estados. Por un lado, la incapacidad de los Estados para ejercer efectivamente su soberanía ha abierto las puertas para que las organizaciones criminales desarrollen sus negocios con total tranquilidad. Por el otro lado, la falta de resultados en el combate al crimen organizado – especialmente frente al narcotráfico – les ha permitido crecer y adueñarse de vastas zonas territoriales. Queda claro entonces, que para combatir a la criminalidad es necesario fortalecer las instituciones y reconquistar el apoyo de aquellos que hoy se encuentran inmersos en un área en disputa. Sólo construyendo una alternativa viable al orden impuesto por las organizaciones criminales, será posible reconquistar a la sociedad civil y acorralar a los delincuentes que se valen de ellos para segwuir generando beneficios.

(*) Conicet – IRI

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