Presidencialismo o parlamentarismo

El debate sobre el sistema político más idóneo para el país podría ser el más sofisticado de los que hubo hasta ahora.

Vuelve en la Argentina el debate sobre presidencialismo versus parlamentarismo. Es una discusión recurrente, que surge y resurge al amparo de las demandas del contexto político. A mediados de los ochenta, cuando América Latina recién se despertaba de la pesadilla militarista, se creía que el presidencialismo era un régimen inestable y, por lo tanto, culpable de los quiebres de las democracias de las décadas precedentes.

El alfonsinista Consejo para la Consolidación de la Democracia recomendaba introducir elementos parlamentaristas para evitar una reversión autoritaria. En los noventa, en cambio, Carlos Menem, el “piloto de tormentas” que había implementado las reformas neoliberales a base de decretos, y de mayorías electorales que se traducían en “democracia delegativa” , había transformado a aquella presidencia solitaria y vulnerable en una hiperpresidencia que no ponía en riesgo la estabilidad de la democracia, pero sí su “calidad”. Nuevamente el presidencialismo fue puesto en cuestión y resurgió un debate reformista favorable a la incorporación de elementos parlamentaristas, aunque ahora se pensaba más en la morigeración del poder presidencial que en los boquetes de la gobernabilidad. La reforma de 1994 tuvo un espíritu semipresidencialista. Con la caída de Fernando De la Rúa, aparece una tercera fase del debate académico-político sobre la forma de gobierno. En esta oportunidad, el problema fundamental del presidencialismo ya no era la estabilidad democrática ni el cesarismo, sino su incapacidad para lidiar con las crisis económicas y de gobierno, como las que se propagaban por la región.

Saiegh y Spiller recargaban en la política las culpas del derrumbe –es que los political economists hablan poco de economía– y proponían un régimen parlamentario para la Argentina. Fabián Bosoer, mientras tanto, explicaba el rol del componente parlamentario en la resolución de la crisis y Jorge Vanossi sostenía que en la Argentina
reinaba un “parlamentarismo amorfo”.

Finalmente, con el apogeo del kirchnerismo y su antítesis republicanista retornó el fantasma del hiperpresidencialismo. Una nueva generación de escritores, abogados en su mayoría, retomó la bandera de la reforma parlamentaria. Entre los políticos, fue Eduardo Duhalde el que más insistió sobre la cuestión, hasta que Giovanni Sartori lo convenció de lo contrario, según relató una excelente crónica publicada en el diario La Nación.

Naturalmente, esta lectura del debate en términos de épocas y espíritus de época no ignora la existencia de otra centrada en los intereses. Toda reforma tiene ganadores, perdedores y especuladores. El reformismo de los ochenta estaba alimentado por los deseos de Alfonsín de ser Primer Ministro y el de los noventa por la reelección de Menem. Duhalde, un carenciado de poder electoral, en diferentes momentos también soñó con ser el premier en un país de “consensos” o acuerdos multipartidarios.

La agenda de la próxima fase del debate presidencialismo versus parlamentarismo aún no se ha explicitado, pero lo probable es que nazca del encuentro de posturas favorables a una reforma por diferentes razones. Podría ser la fase más sofisticada de la serie. Por un lado, nuestro conocimiento del tema hoy está enriquecido por la historia de discusiones y de énfasis puestos sobre las diferentes problemáticas involucradas. Y por una investigación acumulada que, profundizando más allá del constitucionalismo comparado, ahora también estudió el rol de los partidos políticos, del federalismo y de la dinámica populista en la forma de gobernar. Por otra parte, la mesa de los intereses puede ser más armónica, ya que coexistirán la voluntad del kirchnerismo de seguir gobernando hasta que pierda las elecciones, y la de los partidos opositores de encontrar una fórmula para la coalición que los rescate del poder electoral del peronismo.

Desde el punto de vista normativo, además de todo lo que dicen los libros de texto, una tendencia hacia el parlamentarismo ofrece a la Argentina federal y heterogénea de hoy algunas ventajas concretas. Por un lado, en un régimen de este tipo, las negociaciones entre la Nación y las provincias podrían encontrar un canal más adecuado y transparente. La política argentina contemporánea está apoyada sobre una densa red de negociaciones y sería saludable adaptarnos a ello; las alianzas que
sustentan a los gobiernos se sellarían en el plano institucional y ya no hablaríamos de “la caja” ni de conversaciones secretas entre la Casa Rosada y los gobernadores, sino de gobiernos políticos con arreglos a la vista. La relación entre Ejecutivo y Legislativo sería también más clara, sin riesgos de gobierno dividido o bloqueos. La diversidad regional e ideológica del país podría verse representada mejor en las decisiones de gobierno.

Hay, no obstante, una duda que flota, tratándose de un experimento poco probado a nivel mundial –los parlamentarismos suelen presidencializarse, y no a la inversa–, y es la inmadurez de las fuerzas partidarias, que quedó puesta de manifiesto en las últimas primarias, derrochadas por algunos partidos incapaces de organizar una competencia interna, y en el peligroso antecedente del Grupo A, que en su afán de obstruir al Ejecutivo dejó a un lado todos los otros sentidos de la acción política. Una condición necesaria del parlamentarismo es que el juego que produce esté basado en partidos políticos representativos de sus bases electorales y sus programas políticos. De lo contrario, se corre el consabido riesgo de la oligarquización del Parlamento y una segura saudade del presidencialismo popular, acortador de distancias, que en nuestra historia fue el motor de la modernización política y social.

(De la edición impresa)

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