Repetición o diferencia

El Gobierno podría recurrir a las medidas que tomó hace dos años, pero el contexto es otro.

El Gobierno Nacional apuesta a enfrentar la incipiente crisis económica internacional repitiendo los rasgos fundamentales de la respuesta desplegada a la crisis de 2008-2009. En ese entonces, la combinación entre expansión de los recursos fiscales –vía la expropiación de los fondos de pensión– y estímulo de la demanda agregada –por medio de los programas de mantenimiento del empleo formal, la movilización del crédito y la asignación por hijo– le permitió al Gobierno contener los efectos sociales de la recesión y sentar las bases para la recuperación de la actividad.

A esta combinación se agregó un cambio en la agenda política por el cual el oficialismo incorporó temas antes excluidos e hizo suyos proyectos hasta antes bandera de la oposición. El menú resultó un éxito político: el gobierno kirchnerista se convirtió en la primera administración del actual período democrático en atravesar una crisis económica sin modificar las líneas centrales de su programa; ello, junto con la exitosa reorientación de la agenda política, alimentó su recuperación en la opinión pública y creó las condiciones para su actual victoria electoral.

Pero en esta ocasión la apuesta a la repetición puede chocar contra diferencias de contexto económico y recursos políticos que la sola voluntad no puede borrar. Las diferencias de contexto económico han sido exhaustivamente señaladas por los especialistas. Ya no hay superávit fiscal y el superávit comercial se ha reducido dramáticamente y cambiado su composición para peor, con lo cual ni los ingresos impositivos internos ni los derechos de exportación serían suficientes para financiar políticas contracíclicas.

El peso está más apreciado, la inflación es más alta y la fuga de capitales ha deteriorado la posición de reservas del Banco Central a tal punto que el margen para una devaluación que corrija los desajustes de precios relativos es más estrecho, pues arriesga, en una economía donde el empleo virtualmente no crece hace años, una aceleración de la inflación. Las alternativas disponibles para el financiamiento del gasto público ya no son populares e inocuas en el corto plazo como la estatización de los fondos de pensión sino caras –como el endeudamiento en el mercado privado de capitales– o políticamente onerosas –como un incremento de las retenciones a la soja, la nacionalización del comercio de granos o la estatización de las obras sociales–.

Las diferencias de recursos políticos son aún más relevantes. El fallecimiento de Kirchner despojó al oficialismo de su fórmula de sucesión, lo cual fuerza a la Presidenta a optar entre la generación de un sucesor confiable y la promoción de una reforma constitucional que le habilite la posibilidad de sucederse a sí misma. El liderazgo sindical ya no está hegemonizado por nadie ni alineado con los objetivos gubernamentales, sino abierto a la competencia entre facciones más o menos distantes del oficialismo. El peronismo ya no enfrenta una competencia política relevante fuera de sus filas sino en su interior mismo, por lo cual el oficialismo ya no puede contar con la ventaja que la doble vuelta de 45% otorga a las primeras minorías y debe, en principio, resolver su disputa sucesoria de manera interna.

El liderazgo del Gobierno se encuentra en manos de alguien que no cultiva el contacto directo ni la discusión con los principales sostenes de su coalición, no diversifica las fuentes de información y consejo que alimentan sus procesos decisorios y, hasta ahora, se resiste a conceder cualquier margen de maniobra a las áreas técnicas del gabinete. Para concretar su apuesta a la repetición el Gobierno debería encontrar algún medio incruento para financiar el estímulo de la demanda agregada, un marco institucional para encauzar el conflicto distributivo y una agenda política que divida aún más a la ya fragmentada oposición. El financiamiento podría provenir de los encajes bancarios –a través de una serie de bonos que el Banco Central imponga a las entidades a cambio de sus recursos allí inmovilizados. El marco institucional para el conflicto distributivo podría ser un esquema de pautas para la evolución de las variables clave– precios, salarios, tarifas públicas, tipo de cambio. Estos instrumentos tienen una afinidad electiva operativa: pueden implementarse de manera gradual y, con ello, darse a sí mismos flexibilidad para adaptarse a situaciones inesperadas.

La agenda política podría consistir en una reforma constitucional que modifique no sólo el régimen presidencial por uno parlamentario sino también los derechos y garantías liberales establecidos en 1853 por una enumeración más amplia y más estatista en lo referente a las libertades públicas y la propiedad privada. Una política de pautas financiada por los bancos podría moderar la inflación y contener la desaceleración de la actividad económica sin incrementar la presión tributaria ni necesariamente intensificar la fuga de capitales.

El debate simultáneo sobre la reforma constitucional podría mantener dividida a la oposición y desalentar a los competidores internos de impugnar a un gobierno triunfante empeñado en salvar al país de la crisis global. Pero inclusive esta estrategia más gradual y ambigua puede, por las diferencias entre 2008 y 2011, resultar más difícil de implementar de lo que sería conveniente para el deseo de repetición del oficialismo. Si la crisis mundial es más larga que antes y el superávit comercial termina de disolverse, aun el uso gradual de bonos por encajes bancarios podría alentar la fuga de capitales y acelerar el ritmo de devaluación. Ello podría redundar en mayores presiones inflacionarias si, además, la competencia por el liderazgo sindical no es resuelta a favor de una facción dispuesta a aceptar una política de pautas y capaz de imponérsela a otros gremios relevantes.

De complicarse el manejo de la economía, la capacidad gubernamental para imponer su agenda política se reduciría: tanto la oposición interna como la externa encontrarían argumentos convincentes para retacear su cooperación, lo cual sepultaría los planes de autosucesión y forzaría al vértice a emprender la construcción de un sucesor confiable desde una posición de debilidad. No todos estos riesgos pueden ser conjurados por la voluntad política. Nada puede hacer el Gobierno para influir en la duración de la crisis global y poco para asegurar que la competencia por el liderazgo sindical no mine la política de pautas. Podría sí diseñar un gabinete con mayor capacidad técnica y autonomía decisoria, que ensaye cambios en la política económica y evite que los costos resultantes sean directamente facturados a la Presidencia. Y podría alentar la competencia entre diferentes potenciales sucesores en simultáneo con la discusión constitucional, para evitar los riesgos de una apuesta estratégica temprana y ofrecer, a la vez, un escenario de mayor amplitud y tolerancia política –siquiera hacia dentro del peronismo–.

Estas decisiones supondrían, sin embargo, diferencias con las prácticas pasadas del oficialismo. Que toda persona puede aprender y cambiar es, desde ya, posible; que la mayoría de las personas tiene menor disposición a hacerlo cuanto mayores son y cuanto más éxito han tenido pensando como piensan y haciendo lo que saben es igualmente cierto.

(De la edición impresa)

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