Vuelve la cuestión constitucional

Aparecieron temas de la agenda institucional ante en los cuales los candidatos opositores fijaron rápidamente su posición.

A pocos días de las elecciones presidenciales, la cuestión de la reforma institucional vuelve a situarse al tope del debate político nacional. Poco han discutido, en efecto, los candidatos en torno a la agenda de temas de fondo  ara los próximos años. Apenas algún atisbo en torno a los proyectos legislativos más de avanzada, lanzados por  el Gobierno como provocaciones electorales. Tales, por ejemplo, la despenalización del aborto, el juicio por  jurados, la eutanasia o la profundización de los avances en materia de antidiscriminación.

Poco o nada se ha  debatido sobre políticas económicas, sociales o de infraestructuras y casi nada en materia institucional. El  oficialismo ha optado por abroquelarse en la idea de “profundizar el modelo”, al tiempo que las oposiciones  vuelven a insistir sobre la necesidad de garantizar mayores equilibrios institucionales por la vía del control  parlamentario. En materia de reformas institucionales, el pacto de las dos grandes mayorías parlamentarias en  orno a la Ley de Democratización de la Representación Política, la Transparencia y la Equidad Electoral y sus reglamentaciones en materia de primarias abiertas simultáneas obligatorias, reformas al Código Electoral  Nacional, al financiamiento de la actividad política y la disposición de espacios publicitarios parecería haber bloqueado de hecho cualquier tipo de discusión. Más allá de críticas aisladas, formuladas desde sectores políticos y académicos minoritarios, el silencio de oficialistas y opositores sugiere un clima de consenso tácito por parte de  la dirigencia política. La generosidad con que las nuevas regulaciones parecen haber resuelto la mayor parte de los problemas de logística y financiamiento que desde hace tiempo ahogaban a partidos y candidatos ha cancelado todo debate. En términos generales, la reforma sirvió para resolver problemas no confesados de supervivencia de estructuras políticas agonizantes y el resultado es el conformismo de unos y otros.

UN TEMA NUEVO

La súbita irrupción del debate constitucional en la campaña parece haber alterado este consenso momentáneo. De hecho parecería ser el único tema de debate, proyectado sobre el final de la campaña y, con seguridad, sobre las semanas que seguirán al 23 de octubre. Muchas son las razones de esta súbita irrupción de la “cuestión constitucional”. La primera de ellas es sin duda la función esencial de la idea de re reelección en un sistema de poder como el del peronismo. La idea de que Cristina Fernández de Kirchner gobernará para seguir gobernando puede ser la única capaz de neutralizar la ambición cierta de una docena de líderes emergentes con poder territorial propio, que saldrán de las elecciones con un capital electoral parejo o en algún caso tal vez mayor que el de la Presidenta. Algo de esto experimentó Carlos Menem al momento mismo de su reelección en 1995. Su pretensión de re reelección tuvo más que ver con la necesidad de acumular un poder interno que, de otro modo, se hubiera desmembrado ante el impulso centrífugo de las conspiraciones sucesorias.

Una segunda razón vendrá del lado de las propias fuerzas de oposición. La idea de una atenuación del presidencialismo está profundamente enraizada en casi todas las fuerzas políticas democráticas argentinas. Proviene de sus genes comunes con las fuerzas políticas europeas –para las que el sistema parlamentario es un imperativo institucional consagrado por las duras experiencias del Siglo XX – y, en el caso argentino, por la convicción de una amplia mayoría de la comunidad académica y entre los profesores de derecho constitucional. Sólo defienden el sistema presidencial actual un grupo mínimo de jueces y magistrados.

En el radicalismo de raíz alfonsinista es doctrina oficial. En el socialismo es tema de plataforma. En el duhaldismo, principio filosófico político de su propuesta de concertación nacional. Las evidencias de esta vigencia programática son múltiples y basta para ello “googlear” las opiniones de casi todos los candidatos importantes en estas elecciones durante los últimos veinte años. Durante los últimos años, la experiencia del kirchnerismo ha alimentado la vocación reformista de la oposición. Buena parte de los dirigentes actuales de la oposición perciben como un riesgo grave la continuidad de un sistema de elección presidencial en distrito único, con elección en doble vuelta a partir de una barrera del 40%, que es la barrera real en un país donde existe una fuerza del tipo del peronismo, cuyo patrón de territorializacion le asegurará siempre una ventaja de diez puntos sobre su inmediato seguidor.

Los resultados electorales de octubre acelerarán por otra parte el proceso de fragmentación de los grandes partidos, la generalización de procesos de transfuguismo político y la emergencia de terceras fuerzas provinciales que disputarán con fuerza el tercer senador, pensado en el Pacto de Olivos como una contraprestación de la reelección presidencial. A lo largo de los tres próximos tres turnos electorales, en la mayoría de los distritos, los oficialismos provinciales accederán de modo indirecto o indirecto a esa pieza decisiva, con lo que el sistema de representación parlamentaria pasará a reforzar la hegemonía presidencialista. Estas son algunas de las conjeturas que ocupan y preocupan a la oposición, en  vísperas de una elección en la que todas las reglas de juego, tanto constitucionales como legales y reglamentarias, parecerían converger hacia un esquema de hegemonía institucional, en el que las prácticas políticas terminan imponiendo consecuencias muy diferentes a las avizorados por la ingeniería institucional.

Son, en realidad, los problemas propios del sistema presidencialista en cualquier parte del mundo. Frente a ellos sólo caben respuestas de fondo, como las de una gobernanza multinivel, del tipo de la implementada por los países de la Unión Europea, sobre la base del parlamentarismo clásico, aunque con dispositivos correctivos y mejoradores como los que exigen sociedades complejas y en crisis, que tratan de capitalizar las experiencias y transformaciones de la institucionalidad democrática en los últimos veinte años.

La irrupción del debate constitucional será, pues, inevitable. En lo inmediato, costará mucho barrerlo debajo de la alfombra electoral. Vendrá tanto de la mano de las necesidades reeleccionistas del oficialismo, cuanto de las angustias de la oposición frente a un sistema de poder que deglute toda iniciativa de reforma y termina imponiendo resultados casi siempre opuestos a los objetivos buscados.

(De la edición impresa)

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on email
0 Comentarios
Inline Feedbacks
Ver todos los comentarios

Última Edición