De La Plata a La Haya

En Derechos Humanos, una doctrina que sentó precedentes aquí, y trascendió fronteras.

El inicio del juicio oral en los Tribunales de La Plata por las causas del denominado Circuito Camps coloca otro mojón en el esclarecimiento y castigo de los delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura. Es trascendente por distintos motivos: cubre los crímenes y delitos paradigmáticos del terrorismo de Estado, torturas, desapariciones y muertes en los campos de detención clandestinos de la provincia de Buenos Aires; implica a toda la línea de mando, desde el ex gobernador bonaerense Ibérico Saint Jean y el ex jefe policial Miguel Etchecolatz hasta policías y médicos que actuaron bajo sus órdenes; juzga por primera vez la responsabilidad de civiles que actuaron a su lado, como el ex ministro de Gobierno, Jaime Smart y se extiende hasta el más resonante caso de desaparición en los últimos años, el de Jorge Julio López, testigo en otra causa en la que ya fue condenado Etchecolatz.

Esta megacausa lleva el nombre del fallecido ex jefe de Policía, Ramón Camps. Los casos que se van a terminar de dilucidar y sancionar a través del debido proceso completan la radiografía incontestable del carácter vesánico del régimen que imperó en la Argentina entre 1976 y 1983: incluyen el secuestro y tortura de estudiantes en la llamada Noche de los Lápices, los crímenes en la casa de la familia Teruggi-Mariani y los secuestros de Jacobo Timerman y la familia Graiver.

Este juicio empieza a cerrar una etapa, aquella en la que es posible llevar a término procesos con los máximos represores aún vivos, asistiendo a las audiencias, escuchando las sentencias y cumpliendo las condenas. Los hitos fundamentales de esa tarea de reconstrucción jurídica e institucional que reivindica el papel de los jueces sitúan sus orígenes en los mismos tiempos de la dictadura, con la lucha de las organizaciones de derechos humanos y los juicios abiertos en jurisdicciones extranjeras. Tras la recuperación de la democracia, en 1983 el presidente Alfonsín da los primeros pasos con la derogación de la autoamnistía y el procesamiento de los ex comandantes, la Conadep y el Nunca Más, el juicio a las juntas militares y a otra veintena de ex jerarcas militares.

Estos avances fundamentales, recogidos con fuerza testimonial en dos recientes libros –“Derechos humanos: justicia y reparación”, del titular de la Corte Ricardo Lorenzetti junto a Alfredo Kraut, y “Los hombres del Juicio”, de José Ricardo Eliaschev– , encuentran los mayores escollos con las leyes de punto final y obediencia debida y luego, el mayor retroceso que representaron los indultos del presidente Menem. La derogación de aquellas leyes y la declaración de inconstitucionalidad de los indultos, a partir de 2003, permitió avanzar con los juicios que se están sustanciando hasta nuestros días. Seis años después de su reinicio, fueron condenados cerca de 200 militares y policías, están procesados otros 400 y 250 fallecieron inculpados o bajo proceso. Alrededor de 100 fueron beneficiados con la “falta de mérito” y 50, sobreseídos o absueltos.

Pero lo más trascendente no es el número, si no la acción de una Justicia que resultó robustecida. Néstor y Cristina Kirchner no inician algo nuevo, como cuenta una versión de la historia oficial, sino que retoman y dan decidido respaldo a la actuación judicial, tributarios de los avances y aprendizajes previos. Estos reconocimientos muestran al Estado democrático de derecho como obra en construcción, por encima o más allá de quienes gobiernan, precediendo y trascendiendo sus voluntades, intenciones y decisiones. No les quita a ellos méritos y deméritos. Decisiones políticas fundamentales abrieron o cerraron el camino de la Justicia y permitieron u obstruyeron el conocimiento de la verdad. Pero tales decisiones y sus consecuencias fueron también el resultado de dinámicas sociales y políticas más complejas, cambios en los estados de opinión, relaciones de fuerza o prioridades contradictorias que en cada momento colocaron a los presidentes, legisladores y jueces ante disyuntivas de no fácil resolución, una vez aceptado que ni el olvido ni la impunidad serían opciones válidas o aceptables.

No hay, en esta perspectiva, “teorías de los dos demonios” ni de los ángeles versus los demonios, ni reivindicación de víctimas ni justificación de victimarios. No hay concesiones al relato maniqueo de buenos y malos ni justificación prescindente de las dificultades para avanzar en la reparación de los daños y dolores infligidos mientras otras injusticias e impunidades de diferente tenor siguen ocurriendo. Es un abordaje de lo ocurrido en las últimas tres décadas que pone el acento en cómo se gestó una doctrina jurídica y una política de Estado, sin adjetivaciones ni utilizaciones facciosas ni parcialidades partisanas, de lo que constituye un verdadero patrimonio tangible e intangible para la democracia argentina y una referencia para América Latina y otros casos en el mundo.

Un capital adquirido y motivo de orgullo –como lo destacan entre otros el juez Baltasar Garzón en la introducción del libro de Lorenzetti y Kraut y la politóloga Kathryn Sikkink (Clarín, 25/9)– para un país que sufrió la más cruenta de las dictaduras y que inició luego un camino de reparación y construcción institucional que dio contribuciones fundamentales al derecho internacional en materia de derechos humanos. Un pasado que debe rendir cuentas y una historia que se sigue recuperando bajo la luz de la verdad y la Justicia, en La Plata como en La Haya.

(De la edición impresa)

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