Los (des) acuerdos por la paz

 

Por Margarita Batlle (*)

 

Las elecciones legislativas de Colombia dejaron una pista sobre lo que acontecerá en las presidenciales. Los acuerdos de paz y la emergencia de nuevas fuerzas son la contracara de múltiples continuidades en el escenario

 

Hace pocos días Colombia eligió un nuevo Congreso, que legislará hasta 2022. Si bien no se evidencian cambios sustanciales en su conformación respecto del periodo legislativo anterior, empiezan a levantarse las apuestas sobre lo que sucederá en las elecciones presidenciales de mayo y junio de este año. En particular, cómo este nuevo panorama político puede acabar por sepultar los acuerdos de paz firmados en 2016 entre la guerrilla de las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos (20102018), con el objetivo de poner fin a más de cinco décadas de conflicto armado interno.

Los rumores sobre posibles e inverosímiles alianzas están a la orden del día, pero las encuestas han sido consistentes sobre quiénes parecen tener asegurado un espacio en la segunda vuelta presidencial. Por un lado, el candidato del expresidente Alvaro Uribe (2002-2010), el senador Iván Duque, en la derecha del espectro ideológico y, por otro, Gustavo Petro, ex alcalde de Bogotá y exsenador, por la izquierda. En el medio, otras seis candidaturas acaban por completar el abanico de opciones electorales. Sin embargo, para comprender la coyuntura política actual habría que retroceder, al menos hasta 2016, cuando la ciudadanía rechazó –por un mínimo margen en un plebiscito– el acuerdo de paz entre el Gobierno y las FARC.

 

EL ACUERDO: DE LAS URNAS AL CONGRESO

El acuerdo de paz había sido destacado por expertos internacionales por su ambición e innovación en relación especialmente con el papel que jugaron las víctimas durante la negociación y el establecimiento de una jurisdicción especial para la paz (JEP), que –en el marco de la llamada justicia transicional– crea un tribunal fuera del sistema ordinario de justicia penal para investigar y juzgar a los líderes de todos los actores del conflicto. Dicho sistema establece sanciones alternativas para los culpables y, en el caso de las FARC, permite que se incorporen a la vida civil. Entre otros cuestionamientos, la oposición criticó específicamente la mencionada jurisdicción y la posibilidad, contemplada en los acuerdos, de que las FARC, ahora como movimiento político, pudieran participar en elecciones y tuviera garantizados durante cierto tiempo (dos elecciones legislativas) escaños en el Congreso.

Aunque nada lo obligaba, Santos se había comprometido públicamente a darle a la ciudadanía la posibilidad de refrendar estos acuerdos, por lo que convocó a un plebiscito en el que esperaba lograr el empujón final para cerrar la etapa de negociación, que duró más de cuatro años, y comenzar con la implementación. En octubre de 2016 aproximadamente 6.500.000 de personas votaron el plebiscito por la refrendación de los acuerdos de paz. En el marco de una alta polarización en torno a asuntos cruciales para la negociación como justicia, reconciliación y reinserción de los guerrilleros a la vida civil, y unos niveles altísimos de abstención que superaron el 60%, el No a la refrendación ganó con una diferencia de 50.000 votos sobre el Sí. Ninguna de las encuestas había predicho tal resultado.

La distribución de la votación a nivel subnacional replicaba de un modo casi idéntico aquella de las elecciones presidenciales inmediatamente anteriores, en las que el Juan Manuel Santos casi pierde la posibilidad de la reelección frente al candidato uribista –por su cercanísimo vínculo con el ex mandatario– Oscar Iván Zuluaga. Así, en el centro gana el uribismo y el No a los acuerdos y en la periferia del territorio Santos y el Sí en el plebiscito. La distribución territorial de los apoyos electorales a partido/líder/posición ideológica se estabiliza y recuerda distribuciones propias de finales de la década de los ´80, cuando eran el Partido Conservador y el Partido Liberal quienes monopolizaban la competencia.

El Presidente y su equipo no habían sabido leer la situación. Como suele suceder en este tipo de elecciones, el debate no se centró necesariamente en el contenido de los acuerdos y trascendió –con el uso inclusive de fake news– a temáticas que ni siquiera habían sido abordadas en La Habana. Este fue el caso de la llamada ideología de género, supuestamente incluida en los acuerdos, que llevó a movilizar buena parte del voto cristiano en contra de la refrendación.

Ante la derrota en las urnas, el gobierno de Santos optó por regresar a Cuba y seguir adelante con los diálogos. Al fin y al cabo, según el gobierno, el resultado del plebiscito no descartaba regresar a la mesa de negociación. Sin embargo, antes de hacerlo –y como un gesto de acercamiento con quienes habían promovido el No–, el equipo negociador del gobierno recogió de la oposición sus principales observaciones y regresó a La Habana para producir un nuevo acuerdo. Más del 90% de las peticiones de la oposición fueron incorporadas en la nueva versión que, a diferencia de la primera, ya no sería puesta a consideración del electorado. Esta vez, sería el congreso quien tendría la última palabra. Así fue y durante los primeros meses de 2017 comenzó la compleja etapa de implementación de los acuerdos.

Quedaba claro entonces que había comenzado una nueva etapa en la política colombiana, signada por la opción nunca antes más tangible de firmar la paz y desmovilizar a la guerrilla contrastada por la ausencia de un apoyo popular determinante al modo en que los diálogos se habían llevado a cabo, los resultados de los mismos y las características de su posible implementación. Todo esto condimentado con unos bajísimos niveles de popularidad del presidente que para mediados de 2016 contaba con una imagen positiva que rondaba el 30% y una oposición cohesionada ideológica y organizacionalmente.

 

LOS ACUERDOS Y LAS ELECCIONES DE 2018

Las críticas a la implementación de los acuerdos de paz por parte del gobierno han llovido desde diferentes sectores políticos e ideológicos. La dificultad de llevar el Estado a las regiones más golpeadas por el conflicto armado, las situaciones de violencia contra líderes sociales y defensores de derechos humanos, así como la incertidumbre respecto del futuro de los ex guerrilleros y su reincorporación en la sociedad, son algunos de los cuestionamientos a los que se han enfrentado Santos y su equipo.

En este nuevo escenario electoral dichas críticas han adquirido una relevancia mucho mayor al convertirse en cuestiones polarizantes que dan rédito casi inmediato y estructuran la totalidad del debate público. Los resultados de las elecciones legislativas evidencian, una vez más, altos niveles de fragmentación con catorce partidos o movimientos políticos representados (incluyendo a las FARC). También reflejan la fortaleza de quienes se oponen a los acuerdos de paz, aunque llaman la atención sobre un Congreso con muchas caras nuevas y donde pequeños partidos han logrado no solo conservar sino también aumentar su representación, lo que los vuelve claves para la continuidad de la agenda de implementación.

Los partidos Liberal, Conservador y de la U (al que pertenece Santos) ven reducidos sus escaños en la Cámara Baja, mientras que partidos como el Verde y Cambio Radical, la aumentan. Destaca el partido Centro Democrático, fundado por Alvaro Uribe, que pasó de contar con 19 escaños en el periodo 20142018 a ganar 32 en estas elecciones. Las FARC se quedaron con los escaños otorgados por los acuerdos de paz (5 escaños en cada Cámara) pues ni en la Cámara de Representantes ni en el Senado consiguieron la cantidad de votos necesaria para ganar escaños adicionales por cuenta propia.

En el Senado, que en Colombia se elige en una única circunscripción nacional, la votación más alta la obtuvo Alvaro Uribe con más de 800.000 votos, seguido por una figura que hace un regreso triunfal a la política electoral, el ex alcalde de Bogotá Antanas Mockus, con más de 500.000. Este último arrastró a su partido, la Alianza Verde, que logró con este resultado ampliar su número de escaños en esta Cámara. El partido Cambio Radical logra aumentar su participación en el Senado, mientras el Liberal, el Conservador y la U la ven reducirse. La izquierda queda representada por el Polo Democrático y la lista de Gustavo Petro con una decena de senadores.

Entre otros aspectos relevantes, destaca, por un lado, una caída en la tasa de reelección en el Senado, que pasa del 55% en 2014 al 39,3% en 2018. Como decíamos, los partidos han incluido nuevas caras en sus listas. Al menos nuevas en el Congreso pues en muchos casos se trata de hijos de políticos, representantes de clanes familiares o políticos locales que pegan el salto al nivel nacional. Por otro, teniendo en cuenta que esta fue la segunda vez que se implementó la cuota de género en una elección legislativa, los resultados son agridulces. En la Cámara de Representantes el porcentaje de mujeres electas fue del 18,1%, casi 2 puntos menos que en la elección inmediatamente anterior y en el Senado fue de 23,4%, superando en 1 punto los valores de 2014.

El congreso electo el 11 de marzo de 2018 no causó sorpresa. Las continuidades son más que las rupturas. La oposición al gobierno actual ha sabido conservar y acrecentar su representación pero también nuevas fuerzas, afines a la implementación de los acuerdos de paz ganaron terreno. Como siempre, estos comicios, celebrados apenas dos meses antes de los presidenciales son el mejor termómetro para predecir –y por qué no especular– sobre resultados, apoyos y alianzas. Los políticos hacen sus cálculos y los ciudadanos también aunque en esta oportunidad, como en los últimos años, la decisión electoral está más que nunca mediada por diferentes apuestas por la paz y

(*) Universidad de Salamanca

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