¿Equilibrio o control?

Existen visiones en pugna entre quienes quieren darles herramientas a los ejecutivos y los que buscan fijarles límites.

Los análisis y debates suscitados por los resultados de las primarias del 14 de agosto comienzan a definir algunos de los ejes centrales de la última fase de la elección presidencial. De un lado, están quienes enfatizan el cómodo aval de las urnas a un nuevo ciclo político, basado en el impulso de un partido dominante, apenas flanqueado por una oposición desconcertada y, aparentemente, con escasa capacidad de recuperación. Del otro, están quienes subrayan la posibilidad de que las urnas consoliden en octubre un sistema carente de ciertos equilibrios básicos, indispensables para garantizar la sustentabilidad a medio y largo plazo del sistema político en su conjunto.

Una encuesta de la consultora nacional OPSM revela en este sentido que el 50% de la opinión pública juzga que hubiera sido más conveniente que el Gobierno no obtuviera una mayoría como la alcanzada en las primarias. Quienes estiman positivo el 50% alcanzado por el oficialismo llegan al 34,2 y sólo el 9,8 cree que sería preferible una mayoría aún más amplia. La mayoría parlamentaria es también objeto de un debate intenso. El 41,9% cree que el oficialismo debería tener mayoría propia en el Congreso, al tiempo que el 46,1 preferiría que lo controle la oposición como forma de introducir mayor equilibrio en la relación entre los poderes. De allí que el 52,2% de la opinión pública nacional rechace la idea de que un partido tenga más votos que todo el resto de los partidos juntos, frente al 39,6 que lo cree positivo.

El punto central de preocupación parecería ser no tanto el Gobierno –asistido por un aval poco menos que incondicionado– como sí a la composición y papel futuro del Congreso, al que por buenas razones se le asigna una posible función de equilibrio y control.

Una primera hipótesis de proyección de la composición futura de la Cámara de Diputados es, por fuerza, la que resultaría de un cálculo de la distribución de bancas sobre la base de la distribución de los resultados electorales del 14 de agosto. De acuerdo con una estimación previa, el FpV, que cuenta en la actualidad con 87 bancas, pondrá en juego en octubre 50. Si repitiera el desempeño del 14 de agosto, obtendría 89, lo cual elevaría su representación propia en el próximo período a 119. Es decir, 46,3% de la Cámara. A diferencia de otros momentos, los 89 diputados entrantes fueron cuidadosamente seleccionados y escogidos a través de un proceso centralizado, sin concesión alguna a acuerdos o alianzas del tipo de las concertadas, por ejemplo, en 2007. Pertenecen, por tanto, a listas rigurosamente controladas en cuanto a su homogeneidad y lealtad política al Ejecutivo y serán la base de un proceso en el que la suma de aliados devolverá al oficialismo una cómoda mayoría propia en diputados, apenas compensada por el empate absoluto que seguirá imperando en el Senado.

Por el lado de la oposición, la primera minoría pertenecería sin lugar a dudas a la UCR que pondrá en juego 16 de sus 43 bancas actuales. De repetir su elección del 14 ingresaría 14 diputados, lo cual le permitiría retener 41 de las 43 bancas. La segunda minoría opositora pertenecería al peronismo federal, que arriesga 8 de sus 28 posiciones. Ingresaría 9, con lo cual crecería a 29 bancas. El conjunto de partidos nucleados en el Frente Amplio Progresista se aseguraría la tercera minoría. Tienen en conjunto 20 diputados, arriesgaran 13 y, de obtener los resultados logrados el 14, ingresarían 9, con lo cual se aseguraran 19 escaños en la nueva composición. La Coalición Cívica, que arriesga 12 de sus 18 bancas, ingresaría sólo 2, con lo cual retrocedería a una posición de 8 bancas. El Pro, que arriesga a su vez 3 de sus 11 bancas, ingresaría 2, con lo que conservaría 10 posiciones. Compromiso Federal, sin representación actual, ingresaría 6 diputados, toda una incógnita en cuanto a sus alineamientos futuros. Idéntica incógnita ofrecen las 4 bancas que conserva Proyecto Sur. Algunos partidos conservarían bloques uninominales mientras que doce perderán su representación parlamentaria ocasional, forjada en las coaliciones de diverso signo del año 2007.

Los aliados del FpV aseguran una presencia estratégica. El bloque del Frente Cívico de Santiago, con 7 bancas hasta ahora firmemente aliadas del oficialismo, pone en juego 4 que retendría con comodidad. Lo propio podría pensarse de los 2 diputados a que quedan reducidos los 5 de Nuevo Encuentro o los 2 que quedarán en el bloque de 3 del MPN neuquino. Desde el punto de vista de la aritmética parlamentaria, de votarse como en las primarias, el oficialismo nacional recuperaría mayoría propia más que suficiente para acompañar o impulsar las políticas del Ejecutivo. Nada asegura, sin embargo, que en una Cámara con 27 partidos con representación parlamentaria, la aritmética sea la única lógica predominante. La geometría –es decir los volúmenes y espacios políticos– seguirá siendo una geometría variable, en la que incidirán factores muy diversos.

El primer factor a tener en cuenta es el hecho de que los próximos cuatro años implicarán un proceso de transición hacia un nuevo ciclo presidencial signado por la imposibilidad constitucional de una nueva reelección, la previsible emergencia de liderazgos oficialistas alternativos y un previsible cambio en las estrategias de las fuerzas de oposición. Un segundo factor estará dado por la importancia sustancial de los gobernadores. Por lo menos un tercio de los mandatarios provinciales tienen aspiraciones presidenciales. El resto se apoyará en mayorías propias, casi hegemónicas en sus respectivas provincias. Es previsible, por tanto, que su influencia sobre el Congreso sea importante. Participarán activamente en la política nacional y todo indica que la capacidad de conducción del Gobierno Nacional estará muy lejos del logrado por las dos primeras administraciones Kirchner.

Lo cierto es, sin embargo, que los dilemas del electorado no son muy diferentes de los que plantearon muchas otras elecciones nacionales que concedieron también ventajas casi hegemónicas al oficialismo de cada momento. Podrían recordarse en este sentido las elecciones de 1985 y 1995. Por un lado, la victoria del oficialismo surge de la voluntad indudable de otorgarles a los ejecutivos todos los instrumentos y apoyos para una gestión eficaz de la crisis. Por otro, la necesidad de garantizar a un mismo tiempo, los equilibrios básicos del sistema político.

La pregunta central es, entonces, si esta necesidad funcional de protección de los equilibrios pasa necesariamente por la idea de una tarea de control de la oposición en el Congreso. Equilibrio y control no son, en la experiencia argentina, términos equivalentes y que puedan darse sin más por supuestos. En las circunstancias actuales, el desprestigio social en que parece haber caído la oposición parecería marchar parejo a la escasa legitimación social de los mecanismos tradicionales de la vida parlamentaria.

En los últimos dos años, la función de control estuvo –de hecho– en manos de casi una docena de candidatos potenciales a la Presidencia, lo cual excluía cualquier posibilidad de construcción de políticas de Estado. Esta experiencia lamentable explica el tipo de dilemas e incertidumbres que seguramente embargará al electorado hasta el momento mismo en que deberá resolver tanto la elección presidencial como la composición futura del Congreso.

(De la edición impresa)

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