(Columna de Juan Pablo Ruiz Nicolini)
Líderes provinciales alineados con Cambiemos juegan en contra del “espíritu modernizador” que propone el Gobierno Nacional al advertir un potencial perjuicio electoral en sus distritos.
Si bien existen antecedentes, la incorporación de tecnología para la emisión del voto cobró fuerza en Argentina con la experiencia de Salta (que inició como piloto en el año 2009). Desde entonces, una gran cantidad de provincias avanzaron con proyectos similares.
Por iniciativa del presidente Macri, quien lo impulsó en la Ciudad de Buenos Aires en 2015, el Gobierno Nacional propuso en su primer apertura de sesiones ante la Asamblea Legislativa en marzo de 2016 una reforma política que incluía la modificación del instrumento de votación.
Éste se convirtió en uno de los pocos fracasos legislativos en un Congreso que pudo ser amaestrado por un gobierno minoritario. A pesar de que la iniciativa del ejecutivo logró la aprobación de la cámara baja, al llegar al Senado encontró tal resistencia ?sobre todo de especialistas informáticos? que se vio forzado a “cajonearlo”.
Una encuesta del Observatorio Electoral ?publicada en la última edición de el estadista? muestra, no obstante, que más de la mitad de los consultados prefiere un sistema electrónico (ya sea que hayan respondido por el genérico “voto electrónico” o por la variante desarrollada por MSA, utilizada en Salta y la CABA, conocida popularmente como Boleta Única Electrónica-BUE).
La revolución electrónica
Otras provincias y municipios -de diversos colores partidarios- se incorporaron a la corriente “modernizadora”: las localidades de Charata y Villa Ángela (Chaco - FPV), Neuquén (capital ? MPN) y Río Cuarto (Córdoba - PJ), por ejemplo, realizaron elecciones con la misma tecnología que Salta inauguró. En la provincia de Misiones, por otro lado, se hicieron pruebas pilotos con desarrollo propio (Voto Codificado de Misiones). Algunos de estos avanzaron recientemente para extender sus pruebas a todo el distrito (Neuquén y Córdoba); a legislar para una implementación gradual (Mendoza ? Cambiemos) y otros para cargos municipales (las capitales de Catamarca y Corrientes ? FPV) en el próximo turno electoral.
Cabe preguntarnos por qué el espectro cobró vigor: ¿qué es lo que la modificación en la forma de votar busca solucionar?
Una primera respuesta la podemos encontrar en lo expuesto por Burdman: “los partidos de militantes y con organización interna, como los que prevé la legislación electoral, funcionaron entre nosotros hasta principios de los años 90 (?) Hoy, nuestros partidos no tienen capacidad alguna de (co)organizar elecciones. Campañas y comicios deben “estatizarse” porque hay partidos que solo tienen candidatos, asesores y colaboradores”. En síntesis: estatizar la oferta electoral.
Pero, ¿por qué no considerar otras alternativas disponibles (contando con las experiencias no electrónicas de Boleta Única ?implementadas en Santa Fe y Córdoba desde 2011??
Ernesto Calvo sostuvo aquí un par de argumentos al analizar el proyecto del Ejecutivo Nacional: “Porque tenemos ya en el país un par de elecciones que utilizaron este tipo de dispositivo en forma exitosa, como en Salta; porque como muestran los trabajos de CIPPEC los votantes tienen un cierto fetiche por el voto informático; y, desde el lado político, porque el ejecutivo tiene expectativas de que este sistema de votación va a disminuir los costos de fiscalización para su partido y administrar los efectos de arrastre de la boleta a su favor”.
A ello, le añadiría que el oficialismo encontró en el discurso reformista un soporte formidable para transitar la última parte de la campaña presidencial de 2015. Los eventos de Tucumán le permitieron denunciar una posible manipulación del proceso electoral (cómo lo habían hecho antes con las elecciones provinciales de Santa Fe y Salta, con instrumentos de votación distintos), que “prometían” que se podía solucionar con las reformas.
El día siguiente a esos comicios, en el que los principales candidatos a la presidencia (Daniel Scioli y Macri) viajaron a acompañar a sus candidatos locales, el equipo de campaña del PRO ya era consciente de que Tucumán se convertiría en un punto de inflexión. Sostenía entonces Marcos Peña: “Lo que hicimos anoche con (José) Cano permitirá que Cano trabaje más en octubre para Macri”, según relata Hernán Iglesias Illia en el libro Cambiamos.
Más de un año después, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, arengaba ante dirigentes provinciales de Cambiemos sobre la relevancia del TucumánGate: “Cuando se conformó este espacio político, muy pocos apostaban a que íbamos a llegar a la elección juntos. Muchos menos a que podíamos ganar. Pero se ganó a nivel nacional y, digan lo que digan, ¡se ganó acá también, en la provincia de Tucumán!”.
A pesar de la evidencia en su contra, el discurso de recelo sobre la elección de Tucumán se mantuvo como un eje de campaña en 2015; y sirvió, una vez en el Gobierno, como fuente de legitimidad del proyecto de reforma electoral a nivel nacional, aunque el problema de Tucumán tuviera sus raíces en la normativa electoral provincial (la multiplicación de sellos y la posibilidad de acoplar listas) y ello difícilmente pudiera arreglarse con un cambio en el instrumento de votación.
Fuego amigo
La expansión hacia el uso de tecnología para emitir el voto enfrentó ciertos límites recientemente. En primer lugar, las provincias de Mendoza y la CABA, al establecer la fecha de elecciones concurrentes con las nacionales, suspenderían el uso de la BUE para beneficiarse del arrastre de la boleta partidaria de la elección nacional.
Por otro lado, en Corrientes, el intendente de la capital (FpV) se topó con el rechazo de dirigentes de ECO-Cambiemos (liderado por el gobernador radical Ricardo Colombi) que lograron frenar la iniciativa en tribunales.
La concurrencia no impide (necesariamente) la utilización de dos sistemas. Ahí esta el caso de Salta que decidió atar la fecha de elección provincial a la nacional, por lo que parte del electorado votará usando la BUE para cargos locales y la boleta partidaria tradicional para los nacionales.
De este modo, lideres provinciales alineados con Cambiemos juegan en contra del “espíritu modernizador” que propone imprimir el Gobierno Nacional, al advertir un potencial perjuicio electoral en sus distritos: en algunos casos, volviendo sus pasos sobre iniciativas de sus gobiernos (CABA y Mendoza) y en otro, como reacción a una iniciativa de la oposición en su distrito (Corrientes).
El proyecto de reforma cajoneado (por ahora) en el Congreso, recibió una bala en el Senado. Ahora recibe fuego amigo: los gobernadores de Cambiemos ajustan las reglas para no arriesgar su suerte electoral.
