Hacia un financiamiento político transparente

(Columna de Nicolás Cherny, director del programa de Instituciones Políticas de Cippec)

Nadie prevé un cambio legal a las puertas de un proceso electoral. Pero si los consensos existen y las negociaciones avanzan, la ventana de oportunidad aparecerá tarde o temprano

 

Desde la reforma electoral nacional de 2009 (Ley 26.571), Argentina tiene un régimen de financiamiento de los partidos y las campañas electorales nacionales que se basa principalmente en aportes públicos. Este sistema presenta ocho problemas.

En primer lugar, el régimen vigente fomenta la desinformación del votante; y genera un alto riesgo de dinero ilícito en las campañas y una baja efectividad en el control de la actividad proselitista. Por otra parte, el régimen actual desequilibra la competencia entre los oficialismos y la oposición debido a la permisividad de la ley sobre los actos de gobierno en campaña. También les permite a los partidos eludir la regulación nacional, al escudarse en la ausencia de normativa a nivel provincial. Además, el régimen actual incluye sanciones que no incentivan a cumplir las normas porque los controles se hacen una vez que pasaron las elecciones. Es decir, no generan costo electoral ni sirven para interrumpir situaciones de abuso o violación de la ley. Encima, las multas por incumplimiento a las normas de financiamiento no están centradas en los candidatos sino difusas en los partidos. Es decir, que las sanciones no afectan las carreras de los candidatos. Finalmente, es poco transparente; y alienta que los partidos se orienten a la captura de subsidios públicos.

La madre de casi todos estos problemas es la informalidad. La mayor parte del gasto de los partidos y las campañas ocurre informalmente, ya sea en forma de aportes y gastos no declarados o del abuso de recursos públicos con fines partidistas.

¿Es posible que el ciudadano conozca a los candidatos que está votando si ignora quién financia su campaña electoral? La subdeclaración de gastos de campaña y el uso indiscriminado de efectivo para aportes ocultan la identidad del donante e impiden al ciudadano tener los datos necesarios para hacer un voto informado. Permiten lo que la ley prohíbe: el anonimato de los donantes. El costo estimado para una campaña presidencial en 2015 era de 1.000 millones de pesos, pero el máximo que llegó a declarar una alianza electoral alcanzó tan solo 129 millones. De ese monto, el 90% de los aportes se hizo en efectivo.

Esta práctica no es nueva: en 2013 los aportes en efectivo representaron el 90% del total; en 2011, el 92%; y en 2007, el 88%. Esta informalidad daña la transparencia e integridad de las instituciones democráticas: interfiere con el derecho de todo elector a hacer un voto informado; facilita la captura o influencia por parte de intereses de grupos particulares y genera el riesgo de que la política partidaria y electoral se financie con dinero de actividades ilícitas. En el contexto actual, el votante puede juzgar al candidato por su programa y discurso, pero no sabe si es financiado con dinero de origen legal o ilegal. Ignoramos también si las decisiones políticas que toman nuestros representantes están influidas por quienes aportaron a sus campañas.

Como la mayoría de los aportes y gastos ocurren informalmente, no hay registro de gran parte de los recursos que financian las campañas. Como no sabemos quiénes aportaron ni qué intereses tienen, no podemos saber si hay una relación con entre aportantes y orientación de las políticas públicas. Para solucionar esto, habría que permitir que las empresas aporten a las campañas con reglas claras y que haya un registro de los recursos que financian las campañas. De esta forma, se podrá saber quiénes aportan a las campañas y si estos aportantes tienen mayor influencia en la adopción de decisiones políticas.

Si el donante puede ocultarse, el ciudadano carece de información crucial para ejercer su derecho en las elecciones. Pero también debilita a los políticos que quieren dar transparencia a sus actos y a los empresarios, sindicatos o individuos que aportan con ingresos legales a las campañas electorales. Con las reglas actuales, la sospecha los cubre a todos.

 

CAMINO AL CAMBIO

Hay coincidencia en el gobierno, la sociedad civil y en muchos de los bloques del congreso sobre un conjunto de propuestas para convertir en ley un nuevo régimen de financiamiento de la política. Limitar las donaciones en efectivo, bancarizar los aportes, permitir aportes de personas jurídicas y controlar los aportes durante la campaña de modo online pueden ser herramientas legales que revelen quiénes donan, cuánto y a quién. En particular, la bancarización permitiría trazar el origen de los fondos y con ello el votante podría identificar a los verdaderos aportantes. Por otra parte, hacer a los candidatos responsables frente a irregularidades y establecer sanciones costosas creará incentivos consistentes con un régimen de financiamiento transparente.

Nadie prevé un cambio legal en el régimen de financiamiento a las puertas de un proceso electoral. Pero sí hay espacio para que aportantes y candidatos se comprometan a donar y recibir fondos en forma registrada y a bancarizar el circuito de financiamiento político. Si los consensos sobre el diagnóstico y las soluciones existen y las negociaciones avanzan, la ventana de oportunidad aparecerá tarde o temprano.

La alternativa es esperar, una vez más, que sea un Odebrecht, un Lava Jato u otro escándalo de corrupción que movilice el cambio. No sería la primera vez que sean los daños irreparables los que generen los cambios que la política argentina no consigue producir. Hay, sin embargo, un consenso que une a dirigentes del oficialismo, la oposición y a la sociedad civil que debemos aprovechar para llegar a la elección de 2019 con una ley que brinde al ciudadano transparencia, información verdadera y sanciones efectivas a candidatos y donantes que ocultan financiamiento espurio

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