(Columna de Pablo Ava, profesor de Sociología del Derecho y las Instituciones -UBA-)
Trump es el primer presidente que resulta de un sistema de financiamiento anónimo y sin límites.
Hace ya un tiempo que la Corte Suprema de Estados Unidos viene produciendo sentencias que modifican las reglas de la política, o para ser más precisos, las reglas del financiamiento de la política. El financiamiento de las campañas en cualquier lugar es importante, pero en EE.UU. es prácticamente determinante. En 2010, la organización conservadora sin fines de lucro Citizens United quiso difundir una película que criticaba a Hillary Clinton mediante un anuncio durante las emisiones de televisión, lo que para los demócratas constituía una violación de la Ley de Reforma de la Campaña Bipartidista (2002), comúnmente conocida como la Ley McCain-Feingold.
Sin embargo, la Corte Suprema anuló las disposiciones de la ley que prohibían a las corporaciones (incluidas aquellas sin fines de lucro) y a los sindicatos a realizar gastos independientes y "comunicaciones electorales", lo que abrió la puerta del financiamiento a las corporaciones.
La opinión mayoritaria liderada por el juez Anthony Kennedy señaló que la prohibición de la ley de todos los gastos independientes de corporaciones y sindicatos violaba la protección de la libertad de expresión de la Primera Enmienda. La mayoría escribió: "Si la Primera Enmienda tiene alguna fuerza, prohíbe al Congreso multar o encarcelar a ciudadanos o asociaciones de ciudadanos, simplemente por participar en el discurso político". La opinión del juez Kennedy también señaló que, debido a que la Primera Enmienda no distingue entre los medios de comunicación y otras corporaciones, las restricciones de la ley habían permitido incorrectamente al Congreso reprimir el discurso político en los periódicos, libros, televisión y blogs. Así, la Corte anuló el fallo Austin, que había sostenido que una ley estatal que prohibía a las corporaciones usar el dinero del Tesoro para apoyar u oponerse a los candidatos en las elecciones, no violaba las enmiendas primera y decimocuarta.
Desde el punto de vista político, esto significó que se podrían recaudar más fondos sin las restricciones de la ley, disfrazadas de apoyo o ataque desde la libertad de expresión a los candidatos. Esto implicó un desbalanceo del juego democrático en favor de la balanza de los recursos económicos frente a los principios de equidad política. Desde ese momento, florecieron los llamados PAC (political action comittee) como una persona jurídica que podía realizar estas actividades y esconder el origen de sus fondos.
Luego de este fallo vino otro complementario en la destrucción del sistema de financiamiento.
En 2012, Shaun McCutcheon, un activista del Partido Republicano, trató de donar más de lo permitido por el límite federal agregado a los candidatos federales. McCutcheon y otros presentaron una demanda contra la Comisión Federal Electoral (FEC), y el 2 de abril de 2014, el Tribunal Supremo emitió un fallo que anuló los límites agregados en la cantidad que un individuo puede contribuir durante un período de dos años para todos los candidatos, partidos federales y comités de acción política combinados. Por un voto de 5-4, la Corte dictaminó que los límites agregados bienales son inconstitucionales bajo la Primera Enmienda.
Pero si bien la decisión de la Corte elimina el tope global de las contribuciones individuales, no afecta los límites básicos de la ley para las contribuciones individuales a las campañas de candidatos federales, los PAC o los comités del partido. Actualmente, las personas pueden contribuir hasta US$ 2.600 por elección a un candidato federal, US$ 10.000 por año calendario a un comité del partido estatal, US$ 32.400 por año calendario a un comité nacional del partido y US$ 5.000 por año calendario a un PAC. La decisiva quinta votación de McCutcheon provino del juez Thomas, que coincidió en la sentencia alegando que todos los límites a los aportes son inconstitucionales.
El multimillonario Donald Trump es el primer presidente que resulta de este sistema de financiamiento anónimo y sin límites. El trabajo de recaudación y financiamiento de la política hacen retroceder a la democracia en sus términos de equidad, para dar lugar a una competencia en paralelo a la democracia de los votos tal y como la conocemos. La principal competencia está centrada en la capacidad del candidato de lograr aportes y fondos. Con el poder de las corporaciones y la falta de límites para aquellos sectores más beneficiados de la sociedad, los aportes se dirigen a la protección de estos sectores ayudando particularmente a financiar candidaturas que los representan.
