Juicio político en Brasil, ¿un evento extraordinario?

(Columna de Aníbal Pérez Liñan, profesor de ciencia política en la Universidad de Pittsburgh)

No solo las élites parlamentarias están dispuestas a interpretar la ley de manera flexible para justificar la destitución de un presidente impopular; los ciudadanos también.

Se cumplió apenas un mes de la destitución de Dilma Rousseff en Brasil, y el debate sigue abierto. ¿Fue aquello un golpe? ¿O fue un acto de control parlamentario sobre el Poder Ejecutivo? La disputa no se cerró con la salida de Dilma del poder.

Las respuestas a estas preguntas determinan, en buena medida, la legitimidad del gobierno de Michel Temer y la posibilidad de otros juicios políticos en América Latina.

Los seguidores de Dilma—todavía quedan algunos—sostienen que el juicio político no tuvo fundamento jurídico. Dilma fue acusada de tomar crédito sin previa autorización del Congreso y de manipular las cuentas públicas para ocultar el déficit fiscal. Estas serían faltas administrativas, no verdaderos “crímenes de responsabilidad” como requiere la Constitución para iniciar un procedimiento contra la presidenta.

Los petistas tienen un punto. Los escándalos de corrupción que sacudieron a la empresa Petrobras—durante años, 3% de los contratos fue derivado para financiar a los partidos de la coalición de gobierno—nunca comprometieron a Dilma de manera personal. Las investigaciones tocaron, sin embargo, a buena parte de los miembros del Congreso, incluido el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha.

Cunha impulsó el juicio político como una forma de control de daños, intentando sacrificar a la presidenta para salvar a la clase política. La estrategia no funcionó. Él mismo fue destituido de su cargo apenas dos semanas después que Dilma.

¿Es el caso de Dilma excepcional? Los anales del juicio político están plagados de ejemplos que muestran que las razones legales invocadas para enjuiciar a un presidente rara vez reflejan las motivaciones reales tras su cuestionamiento.

Unas pocas viñetas son suficientes para ilustrar el problema.

En 1868, el presidente norteamericano Andrew Johnson fue enjuiciado por remover al secretario de guerra sin aprobación del Senado. El verdadero asunto en disputa, sin embargo, era cómo gobernar el Sur tras la victoria del Norte en la guerra civil. Johnson había sido electo como vice de Abraham Lincoln—candidato demócrata sureño en una fórmula de unidad nacional con el presidente republicano—y tras el asesinato de Lincoln se encontró bregando con un Congreso que buscaba una reforma profunda en el Sur. Finalmente, Johnson superó el juicio político en el Senado por apenas un voto. Bajo su presidencia, el Sur pudo entonces restablecer prácticas segregacionistas que duraron hasta la segunda mitad del siglo XX.

En 1997, el Congreso ecuatoriano decidió destituir al presidente Abdalá Bucaram, que enfrentaba masivas protestas reclamando su salida del poder. Los líderes opositores carecían de la mayoría calificada necesaria para aprobar un juicio político, pero encontraron una salida creativa. Aprovechando el sobrenombre de Bucaram, popularmente conocido como “El Loco”, el Congreso lo declaró—por mayoría simple—mentalmente incapacitado para gobernar.

Apenas dos años más tarde, el presidente paraguayo Raúl Cubas Grau fue enjuiciado por desacato a la Corte Suprema. Cubas se había negado a arrestar al General Lino Oviedo, su padrino político, desoyendo una sentencia de la Corte. Pero lo que disparó el juicio fue la sospecha de que Oviedo había conspirado para asesinar al vice-presidente Luis María Argaña, baleado en un operativo paramilitar en marzo de 1999. El juicio contra Cubas se gestó apresuradamente y se aprobó en la Cámara de Diputados por apenas un voto a favor. Algunos políticos locales creen recordar que un diputado aliado del gobierno estaba, al momento de la votación, encerrado en un baño.

Comparado con el juicio al presidente paraguayo Fernando Lugo—iniciado y concluido en apenas 48 horas—el proceso de enjuciamiento a Dilma—extendido a lo largo de nueve meses—parece inusualmente formal. Pero este largo proceso no oculta que el Congreso interpretó la ley de brasileña de crímenes de responsabilidad—una ley con un gran número de cláusulas—oportunamente para definir que las manipulaciones fiscales del gobierno de Rousseff eran una causal de destitución. El PT cuestionó amargamente esta interpretación legal, reclamando en tono hiperbólico que el congreso estaba ejecutando un golpe contra la presidenta electa. Sin embargo, el Tribunal Supremo nunca rechazó la interpretación jurídica de los legisladores.

En última instancia, el debate jurídico parece reducirse a un dato estrictamente político: en marzo de este año, las encuestas señalaban que dos tercios de los votantes brasileños respaldaban el juicio contra Dilma. Quizás aquí resida la principal debilidad del juicio político como mecanismo cuasi-judicial: no solamente las élites parlamentarias están dispuestas a interpretar la ley de manera flexible para justificar la destitución de un presidente impopular; los ciudadanos también lo están. La misma tolerancia social que permite a los presidentes populares operar por encima de la ley, le permite al Congreso, cuando estos presidentes pierden toda popularidad, interpretarla para actuar en su contra.

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