“La política urbana merece ser una cuestión de Estado”

(Entrevista a Gabriel Lanfranchi, director del Programa de Ciudades de CIPPEC. Por Facundo Matos Peychaux para El Economista)

Cada vez más, se pone un mayor foco en la gestión de las ciudades (se han multiplicado, por ejemplo, los libros y las carreras y maestrías de desarrollo local en los últimos años) antes que en la gestión de las provincias. ¿A qué se debe?

Las ciudades están creciendo como nunca antes. Se estima que en 15 años construiremos tanta ciudad como en los últimos 6000 años, duplicaremos el área urbanizada construida por toda la humanidad en una sola generación. La incógnita no es cuanto vamos a crecer, sino de qué manera, porque esto sucede en un marco de desigualdad creciente. El 75% de las ciudades son más inequitativas que hace 20 años y con un fuerte incremento de la vulnerabilidad ambiental, generada por el cambio climático que llegó para quedarse. Se estima que nos llevará al menos 90 años volver a la situación de 1990, si se toman todas las políticas de mitigación adecuada. Por este motivo intentar alcanzar ciudades resilientes se ha vuelto una tema crucial. Por otra parte, la llegada de las nuevas tecnologías y la generación de datos, ha abierto un frente totalmente nuevo vinculado al fenómeno de la ciudad inteligente, que tiene como principal hipótesis el mejoramiento de los procesos de gobierno y de interacción con la ciudadanía a través de las plataformas digitales, el uso de sensores y el análisis de la BIG Data. Todas estas cuestiones están ocurriendo en simultáneo, en una época en que el mundo se volvió urbano. Desde 2008, y por primera vez en la historia de la humanidad, más del 50% de la población vive en ciudades y las proyecciones indican que para fin de siglo el proceso de urbanización global habrá terminado. Esto nos pone ante un nuevo escenario donde la coordinación metropolitana será clave para garantizar la eficiencia y la equidad en los sistemas urbanos. Todos estos motivos han llevado a que los principales organismos del mundo pongan bajo la lupa el estudio de las ciudades, y Argentina no está al margen de este fenómeno, ya que tiene uno de los niveles de urbanización más altos de América Latina. En 1930, cuando la región todavía era en gran medida rural, nuestro país ya era predominantemente urbano. Según la definición nacional oficial de urbanización, Argentina es uno de los países más urbanizados de América Latina, con 91% de la población residiendo en zonas urbanas. Además, Argentina es un sistema urbano polarizado espacialmente, que destaca por la elevada concentración de habitantes en torno a la ciudad capital. Este grado de concentración es uno de los más elevados de América Latina y de todo el planeta. Con casi 13,6 millones de habitantes, el Área Metropolitana de Buenos Aires es uno de los “gigantes urbanos” de América Latina, concentrando el 37% de la población urbana (INDEC, 2010a) y casi la mitad del PIB de Argentina.

En simultáneo, en el último tiempo los intendentes han cobrado una mayor relevancia en términos políticos. ¿Por qué?

Los gobiernos locales están más cerca de los ciudadanos que el gobierno provincial o nacional y, por lo tanto, tienen una relación más directa con el beneficiario final de la política pública. Por otra parte, a diferencia de los gobiernos centrales, los gobiernos locales tienen mayores incentivos que les animan a buscar mejores soluciones para resolver los problemas locales. Por consiguiente, tienen más posibilidades de optimizar el uso de los recursos públicos y de buscar formas innovadoras de comunicarse con ellos. Se ha observado en América Latina un aumento progresivo de la descentralización que se tradujo en una creciente participación del gasto local en el gasto nacional (de 13% promedio en 1985 a 19% en 2005), o de los ingresos y gastos de los gobiernos locales sobre el Producto Bruto Interno de la región (de 5,5% en 2000 al 6,6% en el 2007).

Existe una marcada heterogeneidad entre las distintas ciudades que hay en el país (rurales o urbanas, capitales o del interior provincial, más pobladas o menos, más ricas o menos, etc.). ¿Cómo repercuten esas diferencias en la administración de los diferentes municipios?

Es así. Partamos de la base que sólo el AMBA concentra a un tercio de la población, y Córdoba y Rosario que la siguen, son prácticamente diez veces más pequeñas. Además, la correlación entre urbanización y desarrollo económico varía ampliamente de una región a otra. La correlación más baja entre 1993 y 2013 se registró en la región Noreste (0,65 en comparación con un promedio del 0,79 en el país). Esta región experimentó la urbanización más acelerada y el crecimiento económico más bajo de todas las regiones de Argentina. La desalentadora trayectoria de desarrollo económico del Noreste contrasta con el dinamismo económico de la Patagonia, donde se registró la correlación más elevada entre la urbanización y el PIB per cápita entre 1993 y 2013. La política urbana en la Argentina merece ser cuestión de Estado para poder equilibrar estos desajustes entre regiones. Tenemos que aprender de países vecinos y federales como México o Brasil donde existe una política urbana nacional, con el estatuto de la metrópolis o el Ministerio de las Ciudades.

Hace años se discute acerca del traspaso de responsabilidades y de recursos entre la Nación y las provincias. ¿Hace falta dar ese mismo debate con los municipios? ¿Hacia qué dirección?

Sin dudas. Gran parte de los presupuestos de los gobiernos locales se financian a través de un régimen complejo y obsoleto de transferencias intergubernamentales. La asignación primaria de las provincias a los municipios – es decir, la forma en la que los recursos se distribuyen entre la provincia y sus municipalidades – varía ampliamente entre el 12% y el 50%. La fórmula utilizada para distribuir las transferencias provinciales a los municipios carece de flexibilidad, pues concede poca relevancia a las necesidades locales y a los criterios redistributivos. El gasto público municipal total en la Argentina ha pasado de un valor cercano al 2,8% del PBI en 1993-2008 a uno del orden del 3,7% del PBI en 2009-2013. Desde CIPPEC vamos a estar impulsando fuerte la necesidad de desarrollar sistemas de coordinación metropolitana para los 31 grandes aglomerados del país, donde se concentra el 66% de la población del país. Ese es el gran debate en términos de financiamiento de ciudades que deberíamos dar, porque es clave para que los intendentes puedan contar con herramientas para hacer frente, de manera mancomunada, a los grandes desafíos de desigualdad y cambio climático que nos presenta este siglo.

 

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