Las nuevas reglas de juego en la política bonaerense

(Columna de Santiago Rotman y Carlos Varetto)

El momento político inédito que comenzó cuando el PJ debió entregar el Gobierno provincial, abrió la puerta para reformas que, se supone, dificultarán la reproducción del poder de sus élites.

La Legislatura bonaerense convirtió en ley el fin de la reelección indefinida para intendentes, concejales, consejeros escolares, diputados y senadores de la provincia de Buenos Aires, limitando a una única posibilidad de volver a ser electo y la opción de regresar luego de un período sin postularse. Por otra parte, se restringe la oportunidad de ocupar simultáneamente cargos locales, provinciales y nacionales. Aquí trataremos sobre el primero de estos aspectos, que es el que tuvo más resonancia mediática y política.

Primero conviene reflexionar sobre el impacto que tendrán estas nuevas reglas de juego en el acceso a los cargos ejecutivos y legislativos. En lo que refiere a los legisladores provinciales, esta modificación tendrá un bajo impacto. En el período 1983-2015 apenas 25,5 % de los parlamentarios provinciales ha sido reelecto y la mayoría no ha conseguido luego otro cargo electivo[1].

La consecuencia de la poca permanencia de éstos en sus cargos ha sido bastante estudiada en la ciencia política, y en general se resaltan consecuencias negativas, como una baja especialización de los legisladores que redunda negativamente en el desempeño institucional del Poder Legislativo. Es decir, la limitación en este cuerpo tiene un impacto bajo y consolida una tendencia negativa de los cuerpos legislativos argentinos, tal como señala Juan Pablo Ruiz Nicolini.

Más oportuno, entonces, resulta pensar la restricción para los intendentes, que tuvo mucha repercusión en el debate público. La prohibición de la reelección indefinida asocia la permanencia en el ejecutivo municipal al incremento de la ventaja del oficialismo en las contiendas electorales, el personalismo y la disminución en la competitividad. En oposición, otros argumentan que la reelección es un fuerte incentivo para que los polí- ticos cumplan con sus promesas a la ciudadanía y se esfuercen por realizar una buena gestión. La posibilidad de volver a ser electos no sólo motivaría a los gobernantes, sino que también permitiría que los ciudadanos no pierdan la posibilidad de elegir una opción deseada. En palabras de algunos legisladores que se opusieron a la normativa, se limitaría la voluntad popular.

Ambas posturas se centran en las personas y no en los partidos políticos. Entiéndase: obviamente la ley prohíbe la reelección indefinida de las personas y no de las organizaciones. Pero, sin embargo, si los partidos funcionan como canales de expresión ciudadana y tienen organizaciones estables pueden seguir ofreciendo a los votantes la opción deseada –ejecutada por diferentes personas– y tendrían estímulos para actuar conforme a las demandas sociales. Incluir la dimensión partidaria en el análisis también morigera el optimismo de los antirreeleccionistas: un grupo político con capacidad de sucesión interna de líderes podría gobernar por un largo plazo, disparando las desventajas para el sistema asociadas a esa condición.

Ahora bien, si aceptamos que en muchos lugares los partidos locales se convirtieron en estructuras que sostienen la ambición de una o pocas personas, esta limitación bien podría provocar la alternancia como proyectan los optimistas, pero también generar un sistema político repleto de “patos rengos” involucrados en luchas fratricidas por condicionar o imponer la sucesión, del estilo a las que protagonizaran Carlos Menem y Eduardo Duhalde en el nivel nacional. Estas situaciones no sólo tensionan todo el sistema político, sino que distraen a los gobernantes de la gestión.

En lo que refiere a los intendentes, no cabe duda que las nuevas reglas de juego van a impactar, pero no tanto como supone el sentido común periodístico que ve en el territorio bonaerense un enclave de baja calidad democrá- tica. De las 629 personas que fueron electas para el ejecutivo municipal, el 74,6% estuvo en el poder uno o dos mandatos. Los cientos de notas escritas sobre los barones que se eternizan en el poder omiten decir que se refieren únicamente a un cuarto de los jefes comunales y que los ejemplos de intendentes que permanecen seis o siete mandatos consecutivos muestran un fenómeno marginal que representa sólo el 1,7% de los casos.

Las consecuencias de la nueva normativa están aún por verse y quizás desmientan las previsiones tanto de quienes la impulsaron como de sus opositores. Parece poco probable que redunde en una mejora del vínculo representativo o de la gobernanza local. Si el tiempo que los intendentes transcurren en el poder fuese determinante sobre estas dimensiones, los quilmeños, que únicamente reeligieron una vez a su jefe comunal, vivirían en un paraíso poliárquico frente, por ejemplo, a sus vecinos de Florencio Varela que tuvieron sólo dos intendentes desde 1983. Sin embargo, no existe evidencia empírica sobre grandes diferencias en la calidad democrática de estos distritos.

Se pueden especular, en cambio, algunos efectos sobre los partidos observando las regularidades en los ciclos electorales bonaerenses que marcan la evolución de la distribución partidaria de las intendencias, en una lógica peronismo-no peronismo ligada a la dinámica nacional. Cuando el justicialismo se fortalece en el plano nacional simultáneamente se consolida en el plano local, y cuando cambia el ciclo político nacional los vientos de cambio impactan fuerte en la escena bonaerense.

De este modo, entre 1983 y 1995 el PJ pasó de ocupar alrededor del 25% de las intendencias a casi el 70%. Con el cambio de ciclo a partir del triunfo de la Alianza en 1999 cayó al 43% para crecer hasta por encima del 70% en 2011 y volver a caer al 40% en el 2015 con el triunfo de Cambiemos a nivel nacional y provincial.

Estas etapas se ven reflejadas en las reelecciones, que crecen cuando se consolidan las coaliciones dominantes bonaerenses y bajan al cambiar el ciclo político provincial. La imposibilidad de permanecer más de dos mandatos puede cortar el fortalecimiento de estos momentos de predominio, obligando a un recambio en la oferta electoral y presionando sobre otras instancias institucionales a las que arribarán los intendentes salientes.

Lo planteado más arriba pretende complejizar y matizar algunos de los supuestos que acompañan al cambio recientemente aprobado. El momento político inédito abierto cuando el PJ debió entregar el Gobierno provincial, abrió la puerta para reformas que, se supone, dificultarán la reproducción del poder de sus élites. Aún resta por ver si esta oportunidad es aprovechada por el resto del espectro político y el tiempo que les toma a los líderes históricos adaptarse a la nueva realidad.

 

[1] Para el período 1983-2011, ver: Rotman, Santiago y Carlos Varetto (2014) “Se hace caminos al andar. Las carreras políticas en la provincia de Buenos Aires (1983-2011)” en M. Escolar y J. Abal Medina (coord.) Modus vivendi: política multinivel y estado federal en argentina, Bs. As: Prometeo (p. 283-324).

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