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07 septiembre de 2016

(Columna de Joaquín Múgica Díaz)

En el Gobierno están convencidos de que parte del respaldo que mantienen es porque reconocen los errores, pero el Presidente abusó de las marchas y contramarchas en su gestión, y ahora sufre las consecuencias.

Un paso adelante y dos para atrás. Medir, recalcular, volver a intentar. Aprender de los errores, buscar la forma de comunicarlos y tratar de que la imagen de buen gestor no se derrita por la negligencia. Con esa concepción convive el gobierno de Mauricio Macri desde que puso un pie en la Casa Rosada. Una idea que le ha traído más dolores de cabeza que los esperados y que le generó la primera derrota política el día que la Corte Suprema de Justicia decidió ponerle un freno a los aumentos de gas en el país.

“Este Gobierno dialoga y busca consenso. Cuando se equivoca, corrige”, dijo el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, cuando tuvo que frenar el enojo de los gobernadores por los tarifazos que perjudicaron a las economías regionales. Marcar diferencias con las formas y estilos del kirchnerismo sigue siendo un argumento aún válido para la gestión de Cambiemos, pero que cada vez encuentra menos aprobación en la sociedad. El tiempo de aceptación, al igual que el gas natural que tanto preocupa a Macri, en algún momento se acaba.

En el Gobierno están convencidos de que parte del respaldo popular que mantienen es porque reconocen los errores. Pero lo que entienden como una virtud que no supo tener la anterior administración, se transformó en una falencia al momento de realizar cambios claves en las tarifas. Pese a los constantes intentos de mostrarse flexibles para corregir los errores de cálculos, los principales voceros gubernamentales no logran bajar el nivel de impacto del tarifazo en la opinión pública. La falta de percepción que tuvo el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, sobre la afectación de la medida puede generarle aún más problemas al Gobierno. Su error abrió un agujero en la credibilidad de la actual gestión.

Hay una idea instalada por los dirigentes de Cambiemos que no tiene mayor sustento. Luego de llegar al poder y de tener en sus manos las primeras auditorías que evidencian las la impericias del kirchnerismo, consideran que ahora transitan un momento de aprendizaje en el que el error es normal. Es decir, algunos de ellos llegaron a los principales lugares del poder político nacional con la intención de aprender a gestionar el Estado. Con ese concepto, intentaron bloquear las críticas de la oposición y de una sociedad que empezó a hartarse de los pasos en falso frecuentes.

El revés judicial en la Corte Suprema es, además de un baldazo de agua helada para el Gobierno, un síntoma de independencia que marcó la cancha política. El pedido de Macri al presidente de la Corte, Ricardo Lorenzzeti, para que comprendiera la necesidad del Gobierno de aumentar las tarifas no logró mitigar la decisión. Tampoco lo consiguió la flamante incorporación de Horacio Rosatti, uno de los jueces impulsados por el Presidente para completar los cinco miembros Máximo Tribunal.

La jugada del Mandatario que le siguió al fallo adverso de la Justicia también marcó una diferencia con el kirchnerismo. Macri pidió no confrontar la decisión, amortiguar el costo político y coordinar las audiencias pú- blicas para intentar destrabar el conflicto por la suba de tarifas. Lejos de redoblar la apuesta y realizar un enfrentamiento dialéctico con la Corte, un mecanismo que bien podría haber utilizado Cristina Kirchner, el Gobierno intentó sacar los pies del lodo y moverse, por primera vez en el tema tarifas, con rapidez y seguridad. Tuvieron que soportar la derrota y cambiar los pasos a seguir.

Ante el agotamiento de la estrategia de ensayo y error, Macri empezó a jugarse su respaldo popular con el cronómetro en las manos. Como en un partido de fútbol con final apasionante, comenzó a disputar el tiempo de descuento en el conflicto por las subas de gas y electricidad. Los días de tolerancia se caen del calendario y el Presidente tiene la necesidad de revertir el escenario negativo que, increíblemente, su propio Gobierno generó. Fueron las acciones de sus ministros, en un tema tan sensible como las tarifas, las que lograron unir a la oposición, a las organizaciones de consumidores y a los ciudadanos comunes. Todos contra Macri, Aranguren y los aumentos desorbitantes en las boletas. Una absurda forma de dilapidar el apoyo de una parte del electorado que lo llevó al sillón de Rivadavia.

El Presidente está convencido de llevar adelante un cambio cultural que tiene como principal eje el consumo medido de energía. Una modificación en los hábitos argentinos que le costará tiempo instalar y que debe estar acompañada de un cuadro tarifario que sea viable para los consumidores domiciliarios y las empresas. Desde esa base debe partir el cambio que terminaría con el derroche de energía y los gastos millonarios en importaciones. Esta es una de las batallas que está dispuesto a dar, midiendo el costo político que paga ante cada frase contundente o error de procedimiento, pero con la intención clara de no claudicar frente a las críticas.

El problema de las tarifas no es exclusivamente técnico sino también político. El principal desafío para Macri será concretar el aumento, reduciendo el impacto social y limitando el millonario desembolso que realiza el Estado en los subsidios. Las audiencias pú- blicas son la vía para destrabar el entramado judicial en el que quedó atrapado el Gobierno. Aunque no son vinculantes, cumplen con el pedido de la Corte Suprema y serían el trampolín para, con una nueva organización tarifaria, aplicar los aumentos. Enredado en sus pretensiones y sin margen de error, el Presidente tendrá la posibilidad de solucionar uno de los mayores conflictos de su Gobierno antes de fin año. Si no lo hace, su traje de amianto comenzará ser permeable al fuego popular.

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