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La Corte, más allá de las tarifas

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30 agosto de 2016

(Columna de Néstor Gabriel Leone)

Con Rosatti y Rosenkrantz volvió a tener cinco miembros. Expectativas, incógnitas y algunas certezas sobre su desempeño futuro.

Se dijo que el Gobierno subestimó a la Corte. O que no supo leer los mensajes que ésta le había enviado con antelación. Que la presión ejercida de manera indirecta (o no tanto) resultó contraproducente. Que había carpetazos preparados, a modo de disuasión, que no tuvieron su efecto. Y que la reunión previa entre el presidente del Poder Ejecutivo, Mauricio Macri, y del Judicial, Ricardo Lorenzetti, no había tenido el éxito que se daba por descontado. Se dijo mucho los días anteriores al esperado fallo sobre el aumento de las tarifas de gas. Casi tanto como para dejar en posición inválida a más de un comentarista político y más de un titular de diario. Como se dijo mucho luego, para mitigar los malos pronósticos, resituar las apreciaciones y enmendar errores de apreciación, operaciones de todo tipo o información imprecisa y/o apresurada.

La Corte dio su veredicto y generó un estado de situación parcialmente distinto. No sólo porque interrumpió el tarifazo domiciliario del servicio en cuestión, criticó duramente al Gobierno respecto a cómo había encarado el tema desde el minuto cero y lo instó a convocar audiencias públicas previas, aunque no sean vinculantes. Si no, también, porque abrió la posibilidad de incidir en el mismo sentido sobre los otros aumentos dispuestos (usó el término “confiscatorio” como parámetro), cuestionó algunos sofismas postulados como certezas, reafirmó que existen derechos humanos y constitucionales (la apelación a los artículos 42 y 43 de la Carta Magna, por caso) que son prioritarios por sobre el lucro empresario. Y, sobre todo, porque, sin inmiscuirse en las facultades del Ejecutivo, le estableció ciertos marcos de actuación posibles. Jurídicos, pero también políticos. Aunque le dejara, por cierto, intersticios por donde persistir.

El fallo, a su vez, conmina a dejar atrás o a evitar las miradas simplistas, unilaterales o mecánicas sobre la relación entre estos dos poderes del Estado. No porque no existan arbitrariedades, connivencias posibles y razones mezquinas que puedan observarse. Muchas, por cierto, en distintos momentos de nuestra historia. Y, más, en tiempos de judicialización (¿excesiva?) de la política. Pero el carácter entre aleccionador y sofisticado de la sentencia, no concebida entre bambalinas, evidentemente, ni sujeta a un dictado de antemano, advierte sobre ciertas complejidades mayores y sobre algunos otros vectores que atraviesan hoy a la Corte. En un contexto, por otra parte, en donde los cambios en su composición tienen su impacto inevitable en su dinámica interna y en donde la impronta de los nuevos miembros, ya desplegada o en ciernes, redefine roles y criterios. El relativo al criticado personalismo de Lorenzetti, por caso, uno de ellos.

LOS NUEVOS

Rosenkrantz, en ese sentido, fue un poco más resistido que Rosatti. No demasiado, por cierto. Los números de la votación en el Senado del 15 de junio pasado hablan de ello. El nombramiento del exintendente de Santa Fe, de origen peronista y ministro de Néstor Kirchner en su momento, fue aprobado por 60 escaños positivos y 10 en contra, mientras que su pliego tuvo 58 votos a favor y 12 en contra. Ambos habían quedado atrapados por aquella resistencia inicial. A lo que, en el caso de Rosenkrantz, se le agregaba su condición de abogado en un estudio jurídico que representa a grandes empresas (el diario La Nación, el Grupo De Narváez, IRSA, Claro y McDonald's); algunas de ellas, en litigios contra el Estado. Y, sobre todo, por su carácter de patrocinador del Grupo Clarín en varios temas de importancia, aplicación de la emblemática (y ya fenecida) Ley de Medios incluida.

La referencia a su vínculo académicointelectual con figuras del derecho con reconocido prestigio como el extinto Carlos Nino, su ligazón a cierta tradición de contornos imprecisos en cierto liberalismo clásico (confundido con conservadurismo, según sus críticos), además de prestigio académico y de su paso como asesor del gobierno de Raúl Alfonsín, sirvieron para dar vuelta la taba a su favor y las 13 impugnaciones que tenía en su contra. Su expertise ligado a asociaciones de consumidores y usuarios, lejos de ofrecer pistas respecto de cómo hubiese sido su fallo en el caso de las tarifas de gas y cómo sería en la de la electricidad, genera expectativas e incógnitas en dosis variables. Ante la posibilidad, concreta según parece, de que sean nuevamente las tarifas el tema de incumbencia más importante en lo inmediato.

ESFERA POLÍTICA

Cuestiones ligadas a cuánto cambiará la dinámica de la Corte con esta nueva composición, si habrá o no modificaciones doctrinarias de importancia y si pueden darse variaciones en cuanto al número de sus miembros a mediano plazo, dada la propuesta de varios sectores del arco político y judicial para ampliarla, son cuestiones que quedan como parte de una discusión abierta. Ligada también a cuestiones netamente propias, como cabeza de una corporación (la judicial) sobre la que también está puesta la mirada en los últimos años; y, de manera más indirecta, pero no necesariamente menor, a la propia dinámica que adquiera la esfera política entre las fuerzas en disputa y a la propensión a ampliar, vulnerar o restringir derechos que tenga el Ejecutivo.

La idea de que la nueva Corte pueda tener para con el Gobierno un tratamiento condescendiente por el hecho de que contribuyó a reformularla parece no tener cabida, por cierto. Tampoco (aunque menos) parece tener cabida un escenario de mayorías automáticas, previsibles. Ni un escenario de confrontación, de conflictividad en ascenso. La sorpresa ante el fallo que esbozó el Macri y su gabinete lo obliga a agudizar su inventiva política dentro de aquellos marcos. Que lo pueda hacer o no signará también la naturaleza de la futura relación.

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