Sobre las tarifas

(Columna de Mario Serrafero)

La forma en la cual se instrumentó el tarifazo puso en duda el funcionamiento de un equipo que tanto le gusta resaltar al Presidente.

La Sala II de la Cámara Federal de la Plata ha suspendido los aumentos de gas en el territorio de toda la República. Discusión aparte de si es o no competente para que la decisión se extienda más allá de la Provincia de Buenos Aires lo importante es reflexionar sobre las decisiones que son consecuencia de un tipo de funcionario o ministro o de lo que asoma como un probable modo de gestión. En otras palabras, ¿Qué se desprende del tarifazo, más allá del tarifazo?

En primer lugar, todos sabemos que las tarifas de los servicios públicos estaban atrasadas. El vicepresidente Daniel Scioli, en 2004, fue el primero que habló de la necesidad de un “sinceramiento” (SIC) de las tarifas públicas. La reprimenda del entonces presidente Kirchner lo llevó inmediatamente al silencio. El atraso de las tarifas –de distintas dimensiones según el distrito en cuestión- impidió la mejora de la infraestructura y el otorgamiento de servicios de mayor calidad. La población se acostumbró a precios que, sin duda, no eran los debidos. Pero los presupuestos familiares y los de pequeñas empresas y distintos emprendimientos (teatros, por ejemplo), a lo largo de los años fueron ajustando sus necesidades y posibilidad de vida, mantenimiento o de crecimiento de acuerdo a esos costos abonados por los servicios recibidos.

El ministro de Energía señaló desde el principio de su gestión que se llevarían a cabo aumentos que volverían las cosas a su sitio. Nadie en el Gobierno se preocupó demasiado. Sobrevinieron luego los aumentos, sin explicación acerca de cómo se efectuaron los cálculos y la realidad mostró cifras de todo tipo, en gran cantidad de casos, exorbitantes y disparatadas. Nota al pie es el efecto que han tenido sobre el índice de inflación. Y nota en texto es decir que la legitimidad del gobierno ha contado con una mancha que se podría haber evitado. La necesidad de los aumentos no estaba en discusión. La cuestión era el modo de llevarlos a cabo y, en definitiva el quantum.

¿Cómo hizo el ministro del ramo para llegar a las cifras que recibieron los usuarios en las boletas? ¿Cuáles fueron los criterios? ¿Con quiénes los discutió. No sabemos nada. Lo que podemos inferir es que el ministro de Energía anunció con tiempo suficiente que haría una cirugía mayor. Y nadie reaccionó en el Gobierno. Resultó un ajuste doloroso, sin los diagnósticos necesarios y mal aplicado. En síntesis, una lamentable improvisación. Podría ser tentador volver a la discusión sobre el perfil del equipo gobernante acerca de la pertinencia o no de los CEO en un gobierno. Se ha escrito bastante y no hace falta decir demasiado, sólo destacar que los ministros dictan políticas para ciudadanos más que para clientes. Importar el criterio de eficiencia privada sin tener conciencia pública puede ser complicado y hasta perjudicial. Pero la responsabilidad excede la figura de un ministro.

La cuestión que interesa tratar es el perfil de los funcionarios que se desempeñan como ministros de las distintas áreas. Debería ser obligatorio el conocimiento de la Constitución Nacional y de la legislación correspondiente al sector. En el caso, la Administración omitió el llamamiento a la audiencia pública que está contemplada en el marco del artículo 42 de la Constitución: “Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno.

Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios públicos, y a la constitución de asociaciones de consumidores y de usuarios.

La legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos, y los marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia nacional, previendo la necesaria participación de las asociaciones de consumidores y usuarios y de las provincias interesadas, en los organismos de control”.

Desde un punto de vista teórico, las audiencias públicas son uno de los mecanismos de democracia semidirecta y que hacen que la democracia representativa se superponga, al menos en algunos momentos, con la tan declamada democracia participativa. El ministro omitió todo dialogo con los ciudadanos y sectores afectados que lo hubieran ilustrado de las consecuencias que tendrían sus decisiones. Pero nadie en el gobierno –ni los ministros de áreas vinculadas ni el Jefe de Gabinete- tampoco hizo cuestión sobre el vicio en el procedimiento legal de fijación de los aumentos. Las Audiencias Públicas no son un “requisito formal” sino un instrumento participativo para que las decisiones públicas sobre los afectados tengan la mayor transparencia y calidad.

Junto a las carencias dela legalidad y la participación hay que observar y agregar la necesidad del funcionario de manejarse dentro de la razonabilidad. Término que aparece y reaparece en numerosos sentencias judiciales pero puede ser incorporado perfectamente al lenguaje político. La razonabilidad se opone a la arbitrariedad, la discrecionalidad, la desmesura. Concepto que podría aproximarse a la necesidad de proporcionalidad de los actos de los gobernantes, según clamaba Max Weber para el político profesional. Y también al concepto de prudencia. El aumento de tarifas no sólo tuvo vicios de legalidad pues afectó el procedimiento participativo, sino también careció de razonabilidad. Aumentos que superan el 1000% -y más en algunos casos- tienen como contrapartida paritarias que han otorgado entre el 30 y el 35% de aumento en los salarios. Es cierto que las tarifas están atrasadas, pero aún queriendo gran parte de la población no puede pagar las cifras facturadas. Si parte de la población no puede pagar los números exorbitantes de los servicios entonces el ministro obvió la razonabilidad debida e hizo ingresar al gobierno en un territorio anegadizo. El tema concluirá –más tarde o más temprano con un fallo de la Corte.

En los actos del 9 de julio el presidente no pudo evitar referirse al tema. Dijo sentirse dolido y que no había otra alternativa. La ocasión ameritaba una reflexión más enfocada a los dos siglos de independencia más que a los dislates de un ministro. El presidente siempre habla del “equipo”. La pregunta es cómo funcionó el equipo en este caso, que ha sido el error más grave de la administración, hasta ahora, más allá de los varios e importantes aciertos en estos siete meses. ¿Se trataron los aumentos en reunión de Gabinete? ¿Qué opinaron el resto de los ministros vinculados al área económica –el de Hacienda y Finanzas, el de Producción, el de Trabajo y el de Agroindustria- sobre los efectos del tarifazo en la inflación y la economía? ¿Qué dijo la encargada del área de Desarrollo Social sobre los sectores de menores recursos y los más carenciados que no podrían pagar los aumentos? ¿Qué observaciones realizó el Ministro de Justicia y Derechos Humanos sobre saltearse las audiencias públicas? ¿Cuál fue la anticipación que hicieron los ministros sobre el efecto o las consecuencias de las medidas? ¿Qué papel jugó el Jefe de Gabinete? El oficio de Presidente se va aprendiendo, aunque digan lo contrario. Pero debería reflexionar un poco más en qué consiste el funcionamiento de “el equipo”.

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Una Respuesta a Sobre las tarifas

  1. Alejandro dijo:

    Ya partimos con la hipótesis PRO de que “todos sabemos que las tarifas estaban atrasadas”. Explique y no repita axiomas Serrafero. Una cosa es tarifa atrasada y otra es subsidio. Una cosa es no inversión y otra cosa es tarifazo. Una cosa es no controlar a las empresas y otra confundir a la gente.
    Si mal empieza la hipótesis con un axioma de origen dudoso y explicaciones ambiguas difícilmente pueda seguirse leyendo un artículo.
    Lo lamento, pero esto de repetir los falsos esquemas de gobierno PRO desacredita a esta publicación con notas poco serias y documentadas de este tipo.

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