Hace cincuenta años, el golpe contra Illia

(Columna de Fabián Bosoer y Santiago Senén González)

El 28 de junio de 1966, un golpe de Estado volvía a embarcar al país en otra experiencia autoritaria.

“En representación de las Fuerzas Armadas vengo a pedirle que abandone este despacho…

–Usted no representa a las Fuerzas Armadas. Sólo representa a un grupo de insurrectos”. El tenso diálogo transcurría en la Casa Rosada, entre el todavía presidente de la Nación, Arturo Umberto Illia, y el general Julio Alsogaray, que, junto a otros oficiales, había concurrido a comunicarle su destitución, en la madrugada del 28 de junio de 1966, fecha de la cual se cumplen este mes los cincuenta años. Con un nuevo golpe de Estado perpetrado por las Fuerzas Armadas con respaldo civil –el quinto derrocamiento de un presidente constitucional desde 1930-, finalizaba luego de dos años, ocho meses y dieciséis días el gobierno radical de Illia. Las cosas no le habían estado fáciles en su breve paso por el poder, con su partido dividido, la presión constante de las cúpulas militares, la oposición férrea de la CGT y el disgusto de importantes sectores del establishment, el poder financiero y el empresariado, como la Unión Industrial Argentina y la Sociedad Rural.

Illia había llegado a la presidencia con el 23% de los votos obtenidos en la elección del 7 de julio de 1963, en la cual el peronismo proscripto se expresó con dos millones de votos en blanco, sobre un total de ocho millones. A su vez, el radicalismo se presentó fracturado. El escolta del candidato de la UCR del Pueblo fue Oscar Alende, de la UCR Intransigente. La UCRP sumó 168 electores en el Colegio Electoral, contra los 110 de la UCRI. Illia fue consagrado presidente gracias al apoyo de socialistas democráticos y conservadores y asumió el 12 de octubre de ese año. Dos años y medio después, su gestión arrojaba resultados económicos favorables. La balanza comercial tuvo saldo positivo por primera vez luego de seis años, creció el PBI, bajaron la deuda externa y la inflación y se incrementaron las reservas de oro y divisas. Disminuyó la desocupación, se recuperó el salario real y se instituyó la legislación sobre el salario mínimo, vital y móvil. Jamás recurrió al estado de sitio para hacer frente a la conflictividad social.

Algunos aspectos de su política económica lo llevaron a granjearse la oposición de las grandes empresas y los organismos internacionales de crédito. Además de la anulación de los contratos petroleros firmados en la administración de Arturo Frondizi, durante su gobierno se sancionó una Ley de medicamentos que contemplaba la fijación de precios máximos y controles, lo que motivó la reacción de los laboratorios internacionales y de la industria farmacéutica. En materia de política internacional, su gobierno buscó mantener una posición de autonomía y no intervención y se opuso al envío de tropas a Santo Domingo, impulsada por los Estados Unidos. Durante su mandato, las Naciones Unidas reconocieron la condición colonial de las Islas Malvinas y recomendaron iniciar el diálogo con la potencia ocupante (Resolución 2065). A pesar de la resistencia estadounidense, el Gobierno Nacional firmó un acuerdo comercial con China. En el Congreso Nacional, la bancada radical no tenía mayoría propia y debía negociar en condiciones adversas. En Diputados existían trece bloques y en el Senado nueve.

De su lado, la prensa escrita se ensañó con el Primer Mandatario marcando su debilidad y la incapacidad del gobierno. Pero la tensa relación con las cúpulas de las Fuerzas Armadas selló su destino.

Entre los principales conspiradores castrenses estaban, además de Alsogaray, los generales Juan Carlos Onganía y Pascual Pistarini. A los golpistas se los consideraba en su mayoría “azules”, sector del Ejercito de perfil más “profesionalista”, en contraposición al sector “colorado”, liberal y antiperonista. Se decía que algunos colorados tenían buena comunicación con  el vicepresidente Carlos Perette mientras los “azules” trataban con las cúpulas de la dirigencia gremial en las que tenía rol protagónico Augusto Vandor. Entre los civiles que acompañaron el golpe, destacaban Nicanor Costa Méndez y Alvaro Alsogaray y los sectores liberalconservadores que promoverían a Adalbert Krieger Vasena al frente del ministerio de Economía. El primer pronunciamiento de condena al derrocamiento de Illia provino del presidente del Comité de la provincia de Buenos Aires del radicalismo, Raúl Alfonsín, el mismo día 28. Expresaba que “en 32 meses el radicalismo logró implantar en la República un clima de paz y convivencia, de respeto por los derechos  humanos y vigencia plena de la libertad, asegurando el sufragio sin restricciones y acatando los pronunciamientos populares cualquiera fuese su resultado, encaminando al país hacia una solución de fondo para la crisis económica a que había sido llevado antes de 1963.”

En idéntico sentido se pronunció la Universidad de Buenos Aires. Su rector, Hilario Fernández Long, hizo público un comunicado que señalaba: “En este día aciago en el que se ha quebrantado en forma total la vigencia de la Constitución, el rector de la UBA hace un llamado a los claustros para que sigan defendiendo como hasta ahora la autonomía de la Universidad, que no reconozcan otro gobierno universitario que el que ellos libremente han elegido de acuerdo con su propio estatuto y que se comprometan a mantener vivo el espíritu que haga posible el restablecimiento de la democracia”. Aquella tarde se conformaba la Junta Militar integrada por Pistarini, el almirante Benigno Varela y el brigadier Adolfo Teodoro Alvarez, la que designaría a Onganía como presidente de la Nación.

A menos de un mes de producido el golpe la violencia que había comenzado contra Illia se proyectó sobre el estudiantado universitario, en la “Noche de los bastones largos”, cuando jóvenes estudiantes y docentes fueron sacados a los golpes de sus aulas mientras se clausuraban las facultades. En septiembre de 1966, en el entierro de la esposa de Illia, Silvia Martorell, hubo represión a los radicales que participaron del cortejo. Ese mismo mes la autodenominada Revolución Argentina anotaría su primer muerto: el estudiante Santiago Pampillón, en Córdoba.

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