Federalismo de socios

(Columna de Facundo Matos Peychaux)

Según la óptica del PRO, los gobernadores y el Presidente no deben ser adversarios ni contrincantes sino pares en la gestión y en la solución de los problemas del país.

Mauricio Macri quiere ser el Presidente del federalismo. Le sirve para paliar la imagen que la población tiene de que es y gobierna para la clase alta y para el centro del país, donde más votos sacó en las elecciones pasadas. Lo ayudará para reunir los votos que necesita en el Congreso -especialmente en el Senado- para llevar adelante su agenda legislativa. Contribuye a generar puntos de contacto con las demás fuerzas, reeditando una transversalidad partidaria que la mayoría de los Presidentes intentaron al comienzo de sus mandatos y que está en sintonía con su presentación pos-ideológica. Y al mismo tiempo le permite aislar al kirchnerismo, cada vez más distanciado de los gobernadores peronistas.

Pero además, responde a una genuina visión de que al Gobierno Nacional lo une a los gobernadores más de lo que lo separa de ellos. Según la óptica del oficialismo, los mandatarios provinciales no deben ser adversarios ni contrincantes sino socios en la gestión y en la solución de los problemas y desafíos que enfrenta el país.

Por eso desde el primer día el macrismo puso sobre la mesa múltiples temas que involucran a las provincias y procuró darle voz en ellos a los gobernadores. La situación de las economías regionales, la quita de retenciones a la actividad agropecuaria y minera, la política energética, el traspaso de la Policía Federal a la Ciudad, la reforma política y por encima de todos ellos, la coparticipación de recursos federales, un tema tabú en los últimas dos décadas que el PRO decidió poner en primera plana contra todos los pronósticos. Así, en los tres meses de mandato que lleva Macri, se pudo ver a gobernadores, ministros y otros funcionarios provinciales en Casa Rosada, así como al Presidente y sus ministros en las provincias, fotos inéditas o poco frecuentes hasta hace pocos meses.

En el tema particular de la coparticipación, el macrismo dejó de lado las propuestas voluntariosas pero difíciles de llevar a adelante como redactar una nueva ley con distintos porcentajes de coparticipación, que para aprobarse debería contar con el acuerdo de las 24 provincias, de sus respectivas Legislaturas y del Congreso Nacional. En cambio, propuso una discusión sobre propuestas concretas y posibles de llevar a cabo -con el limitante que significa un contexto de cuentas nacionales ajustadas-, que van desde realizar compensaciones a través de obra pública nacional en las provincias o con herramientas financieras y no en efectivo, imprimirle gradualidad a la devolución de los recursos detraídos de la coparticipación o volcar sobre mecanismos automáticos fondos que ahora se reparten por la vías sujetas a la discrecionalidad del Presidente de turno.

Pero no solo los reclamos provinciales unen a Macri y los gobernadores sino también una agenda que en muchos casos es similar. Al igual que el Presidente, los gobernadores asumen provincias que en su mayoría registran cuentas fiscales deficitarias, gasto público y presión tributaria elevados, actividad económica estancada y escasa generación de puestos de trabajo en el sector privado, entre otros puntos a resolver. No casualmente, el discurso de muchos gobernadores al dar apertura a las sesiones legislativas de sus provincias giró en torno a la “herencia”, al igual que el de Macri en el Congreso Nacional.

En ese marco, Macri entiende que los gobernadores deben compartir objetivos comunes a su Gobierno. Para que las provincias mejoren su situación, es necesario que lo haga Nación y viceversa, argumentan. De ahí que si una de sus metas es reducir el déficit fiscal, los gobernadores deberían hacer su aporte reduciendo sus rojos provinciales. Si otra meta es bajar el gasto, las provincias también pueden aportar desde sus respectivas erogaciones, y lo mismo con la discusión en torno al acuerdo con los fondos buitre. El mensaje del Gobierno -al que ya se plegaron una amplia mayoría de gobernadores- es que no solo Nación se beneficiará de la apertura a los mercados que traería el fin del default sino también las provincias.

Por su parte, los gobernadores también se benefician de esa relación. La apertura de nuevos canales de negociación los favorece ya que la lista de reclamos apilados por las provincias durante la última década son muchos. Desde aquellos que impactan a todas, como la pérdida de participación en la distribución primaria de fondos, que entre 1991 y 2015 fue de 32,5% a 27,6%, hasta aquellos que afectan a algunas, como la situación de las once que no transfirieron sus cajas previsionales a Nación en los ’90, o reclamos más puntuales, como los de la provincia de Buenos Aires por el Fondo de Reparación Histórica del Conurbano o su escasa participación en la coparticipación en comparación a lo que aporta, o los de las provincias perjudicadas en el reparto de fondos discrecionales durante los gobiernos kirchneristas. Ellos se favorecen de una relación fluida con el Gobierno Nacional, y viceversa.

Asimismo, desde el lado político, los gobernadores encuentran incentivos a acercarse a un Presidente que viene de ganar las elecciones recientemente y que, según las encuestas, tiene una imagen positiva elevada. Más aún, en el caso de los que son por primera vez gobernadores y los que gobiernan aquellas provincias donde Macri sacó mejores resultados.

El “Nuevo Federalismo” que el macrismo propone ubica a los gobernadores y el Presidente en una sociedad mutua asentada sobre objetivos y desafíos comunes. El reordenamiento del peronismo, el derrotero que tome la imagen del gobierno macrista, y las elecciones legislativas de 2017, entre otros puntos a futuro, determinarán cuánto su duración.

 

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