Gradualismo y prudencia

(Columna de Facundo Matos Peychaux)

La política media entre la reforma electoral que desea el Gobierno y que finalmente será posible.

La reforma política que impulsa el Gobierno Nacional avanza a paso lento. El ministro del Interior Rogelio Frigerio pretendía tener para abril un bosquejo del proyecto de ley para empezar a negociar con los demás partidos políticos, pero ante ONG’s la semana pasada admitió que no será posible. Desde la Subsecretaría de Asuntos Electorales que conduce Adrián Pérez reconocen no podrán cumplir antes de 2017 con los tres ejes que se había planteado originalmente la iniciativa oficial (el ordenamiento del calendario electoral, la incorporación de la Boleta Única Electrónica y la creación de un organismo autónomo para que se encargue de la gestión y el control del proceso electoral).

En rigor, lo prioritario para el Gobierno es la instalación de la BUE, que según confía Frigerio, se empezará a aplicar a partir de las próximas elecciones legislativas nacionales. De todos modos, ya no descartan tener que hacer una aplicación gradual, como sucedió en Salta.

En segundo lugar, la posibilidad de reducir la cantidad de fechas de votación (en 2015 se votó en cerca de 30 domingos de los 52 del año), dependerá de los gobernadores, quienes tienen la potestad para fijar la fecha de sus elecciones provinciales. Más aún, cuando el Gobierno Nacional mantiene negociaciones con ellos en todos los flancos. Al principio, el objetivo oficial era que se votaran cargos nacionales y subnacionales un mismo día, aunque la dificultad para lograr eso -como anticipaba Hernán Charosky– fue flexibilizando la idea original. A tal punto, que ahora avanzan para intentar el siguiente esquema: las provincias que quieran votar con Nación (una, dos o todas), que lo hagan; las que desdoblen, sin embargo, que voten juntas el mismo día.

Otros puntos que fueron surgiendo en las reuniones que Frigerio y Pérez están teniendo con partidos políticos, ONG’s, académicos y funcionarios provinciales, como la obligatoriedad del debate por ley, el control de la campaña anticipada o la prohibición de la cadena nacional durante la campaña electoral, podrían ser parte de la reforma, pero no forman parte de agenda propia e indispensable para el Gobierno.

En cambio, la revisión de las PASO o la incorporación de la huella biométrica al padrón -algo que generó rechazo entre las ONG’s- tendrán que esperar para 2019. Lo mismo pasaría con la creación del organismo reemplazante de la Dirección Nacional Electoral (DINE).

Este punto en particular generó discordia con el Poder Judicial, que preferiría que las responsabilidades de la DINE pasaran a manos de ellos y no de un nuevo organismo. Así lo puso en claro el mismo presidente de la Corte Ricardo Lorenzetti en el cierre de un seminario organizado por la Cámara Nacional Electoral para tratar el tema de la reforma electoral: «El Poder Judicial puede hacerse cargo», planteó.

A fines de febrero, Frigerio, Pérez y el ministro de Justicia Germán Garavano recibieron a los jueces de la CNE, Alberto Dalla Vía y Santiago Corcuera, junto a más de 30 secretarios y jueces electorales de todo el país. Pero según pudo saber el estadista, la reunión consistió solo en una presentación de las ideas del Gobierno Nacional por parte de los funcionarios y «no hubo espacio para plantear otra postura». En varias oportunidades (la acordada 100/2015 fue la última), la CNE puso sus reparos a la incorporación de tecnologías sin evaluar previamente y de manera fehaciente la invulnerabilidad del derecho al voto y los riesgos de una virtual privatización del proceso electoral a través de la transferencia a empresas comerciales de responsabilidades asociadas al proceso electoral. Por eso, cuando han debido recomendar un sistema, han propuesto la Boleta Única cordobesa o santafesina o la que la misma CNE desarrolló para la votación en cárceles.

De ahí que el evento organizado por la CNE -del que participaron Frigerio, Pérez, Garavano, Juan Manuel Urtubey, Dalla Vía, Corcuera, legisladores nacionales y de algunas provincias, académicos, magistrados e invitados extranjeros- sirvió también para el Poder Judicial para fijar su posición.

En líneas generales, los expositores coincidieron en señalar que el sistema actual de boleta partidarias es «vetusto» y «anticuado» (y hasta «inconstitucional», según el diputado macrista Pablo Tonelli), aunque algunas voces -como las del politólogo y jurista Daniel Zovatto y más específicamente la de la politóloga uruguaya Carina Perelli- coincidieron en señalar que «hay que preservar lo bueno adaptándolo a lo nuevo», saber determinar los objetivos y prever las consecuencias de una u otra modificación y llevar adelante otros cambios no estipulados por la iniciativa oficial de reforma (que Zovatto tildó de «minimalista»), como lo que hace al financiamiento de los partidos y campañas.

Quien mejor resumió el consejo generalizado del mundo judicial y académico al Gobierno fue Carlos Gutiérrez, presidente del bloque Unión por Córdoba. «Gradualismo y paciencia», pidió el legislador que estuvo involucrado en el proceso de incorporación de la Boleta Única en su provincia. No obstante, todo indica que -por convicción o falta de alternativa-, el Gobierno -política mediante- ya está siguiendo ese consejo.

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